La reciente desvinculación de Víctor Hugo Morales de Radio Continental ha dividido nuevamente a la opinión pública. Como tantas veces, parece haber dos bandos. Unos opinan que es una cuestión privada, que no tiene nada que ver con la censura y la libertad de expresión. Otros opinan que sí fue un acto de censura, dado que Víctor Hugo Morales es un crítico acérrimo del actual Gobierno y, ¡oh, casualidad!, justo poco después de asumir, la empresa decidió prescindir de sus servicios.
Hay una afirmación de Víctor Hugo Morales que resulta crucial para dirimir la cuestión. Él sostuvo que la razón (o al menos una razón) fundamental de su despido tiene que ver con las negociaciones que la empresa está llevando a cabo con el Gobierno sobre la futura publicidad oficial en los medios que posee. La hipótesis es que hay una condición o algún tipo de presión que implica que, para recibir ese apoyo estatal, Víctor Hugo Morales no debe estar al aire (o al menos es mejor que no esté).
Que esto sea así o no es una cuestión empírica que yo no puedo determinar aquí. Pero creo que es bastante claro que, si es el caso que la empresa busca algún tipo de favor o apoyo del Gobierno y usa este despido como contraprestación o como parte de esa negociación, entonces sí se trata de una cuestión de censura indirecta que sí afecta la libertad de expresión. Si no lo es, la hipótesis de la cuestión privada podría tener más sustento.
Como ocurre en otros ámbitos, se impone aplicar aquí la misma vara que con el Gobierno anterior. Recordemos que, por ejemplo, cuando Radio del Plata decidió no renovar el contrato de Nelson Castro, también ello fue denunciado como un caso de censura. Allí subyacía la hipótesis de que los dueños de esa radio obtenían beneficios del Gobierno a cambio de silenciar voces críticas.
La cuestión central en este tema es entonces el uso político de la publicidad oficial. En este sentido, es alarmante la naturalidad con la que políticos oficialistas (actuales y pasados) ven a este mecanismo como una herramienta legítima e incluso imprescindible de toda administración.
No lo es. Aquello que es estrictamente publicidad gubernamental (publicidad de actos de Gobierno) debería reducirse drásticamente a un mínimo y utilizarse solamente con el objetivo de dar información imprescindible para la población. Nunca la publicidad oficial debería ser utilizada para sustentar medios, ni siquiera con el supuesto o real objetivo (loable) de generar pluralidad de voces o garantizar la libertad de expresión. El criterio para este tipo de publicidad no debería ser el de apoyar a nadie, sino solamente el de informar.
La sustentación de medios, la generación de pluralidad ideológica o de canales alternativos para la expresión libre de las ideas debería ser, en mi opinión, apoyada por el Estado; pero nunca a través de la publicidad oficial, sino a través de un mecanismo de subsidios explícitos, trasparentes y equitativos, con reglas claras de antemano y control parlamentario. De este modo, podría apoyarse la existencia de medios alternativos, voces minoritarias o con poco apoyo económico.
Dos cosas son entonces fundamentales. Primero, separar la publicidad oficial de la ayuda o la sustentación (o incluso el beneficio) de medios privados. Segundo, elaborar una normativa democrática clara y justa para el subsidio de medios, que permita garantizar la libertad de expresión de todos, incluso de los menos favorecidos por el mercado de la publicidad privada.