El Gobierno elevó el déficit fiscal de 2015 en otros $8.600 millones

A través de dos decisiones administrativas, el jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña, y el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, dispusieron liberar recursos necesarios para el normal funcionamiento del Ministerio de Energía y Minería, a cargo de Juan José Aranguren, por compromisos asumidos por el anterior Ministerio de Planificación, y para aumentar el crédito de la Anses, para permitir que los sectores más necesitados pudieran comprar una canasta navideña básica de 400 pesos.

En el primer caso, se trata de la DA 11 del 30 de diciembre de 2015, que valida el aumento del gasto público en un monto neto de $4.965,6 millones para la "formulación de la Política de Energía Eléctrica", por gastos corrientes y de inversión asumidos por el anterior gobierno, pero que deberá afrontar el ministro Juan José Aranguren.

Y dado que la caja estaba totalmente desfinanciada, semejante partida pasó a incrementar un rojo fiscal global que a esta altura del año, y cuando aún no se conocen otros desequilibrios que recibieron otros ministerios y organismos oficiales, ya supera los $400.000 millones, equivalente a más de 7% del PBI.

Nuevas decisiones administrativas elevaron el rojo fiscal de 2015 a más de 7% del PBI

Mientras que en el segundo, la DA 10 del 30 de diciembre de 2015, se originó en una medida de emergencia adoptada por el Gobierno de Mauricio Macri, destinada a cubrir una necesidad impostergable de amplios sectores sociales carenciados, de cara a las fiestas de fin de año, consistente en otorgar un "subsidio por única vez" de $400 para los beneficiarios de una jubilación mínima de $4.299 por mes, del Sistema Provisional Argentino (SIPA); los jefes de familia receptores de la Asignación Universal por Hijo; Asignación por Embarazo para Protección Social y receptores de Pensiones no Contributivas.

En conjunto, se trató de una partida de $3.600 millones, que como el caso anterior, se financió con más déficit fiscal y uso de emisión del Banco Central.

Semejante desequilibrios, aún no cerrados por las dificultades administrativas con las que se encontraron la mayoría de los funcionarios en sus áreas para determinar las deudas de arrastre, impiden al equipo económico definir las necesidades de recursos para afrontar el plan de gastos para el corriente año, y al mismo tiempo definir dónde podrán hacer ahorros para achicar un insostenible déficit fiscal heredado en más de 7% del PBI.