DyN 162
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Los conflictos de Uruguay y Argentina con los asambleístas de Gualeguaychú por la instalación de las dos plantas de pasta de celulosa que deshecha efluentes supuestamente contaminantes sobre el Río Uruguay no dan tregua. El país vecino espera la llegada del nuevo Gobierno para ver cómo encarará la problemática de la empresa finlandesa UPM (ex Botnia) que explotó hace diez años y que incluyó cortes de rutas de ambientalistas en el puente internacional Libertador General San Martín que comunica ambos países.

Uno de los médicos que –según los asambleístas- atendió a personas intoxicadas por culpa de los deshechos de la planta y sus emanaciones no se presentó a declarar ante el juez Federal de Concepción del Uruguay Pablo Seró, quien investiga por contaminación a la empresa pastera tras una denuncia de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú.

Su testimonio era clave para los ambientalistas que hace años denuncian problemas de salud en los habitantes argentinos y uruguayos como consecuencia de la instalación de las plantas cercanas también a Fray Bentos. La causa, iniciada en 2006 por la gobernación entrerriana, se activó en los últimos días luego de que el juez dispuso citar a testigos de las emanaciones de gases de la fábrica de pasta de celulosa en septiembre de 2013 cuando, entre otras personas, el funcionario de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) debió ser asistido en un hospital.

El abogado Luis Leissa, representante de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú, comunicó que el juez federal Pablo Seró citó en calidad de testigos a Héctor Viera, funcionario de la CARU (afectado por la emanación) y al médico uruguayo Jean Jaurés Díaz, quien lo atendió en el hospital de Fray Bentos. "Esta es la primera vez que citan a ciudadanos uruguayos en relación con la contaminación", dijo. No obstante, confirmó que el médico no se presentó ante la Justicia.

"No fue a declarar", afirmó. "Son pruebas que hay que recoger y presentarlas en el expediente. Si esa persona no compareció, habrá que pedir nuevamente la citación; esa es nuestra voluntad", precisó el letrado quien recordó que hay varios trabajadores argentinos que prestan tareas en el puente internacional General San Martín que también sufrieron problemas de salud por la supuesta contaminación que produce la planta.

"Si no mantenemos la causa abierta, se hace muy difícil. Es la esperanza institucional que tenemos, de algún modo, de que este tema adquiera visibilidad", manifestó sobre la marcha de la causa. Leissa denunció que si bien el afectado fue citado, "el gobierno uruguayo se negó a notificarlo".

"A estas actuaciones, que comenzaron en el 2006 por infracción al artículo 55º de la Ley 24.051 y en la que la Asamblea Ciudadana de Gualeguaychú es querellante, se han agregado ahora y por conexidad las actuaciones por otro incidente de contaminación ocurrido el 28 de febrero de 2014 y que fue percibido claramente durante horas en Gualeguaychú", agregó.

La causa fue iniciada en 2006 por el gobernador Jorge Busti y el vicegobernador de Entre Ríos Pedro Guillermo Guastavino. El expediente lleva como caratula "tentativa de contaminación" ya que en aquel entonces la empresa –ubicada en Fray Bentos- todavía no había arrancado a funcionar.

En 2010 y tras tres años en funcionamiento, se conoció un dictamen de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, tribunal al que recurrió Argentina, que exigió que Uruguay y Argentina hagan un seguimiento y análisis de los deshechos que se arrojan en el río Uruguay y de las emanaciones para determinar el grado de contaminación en la zona. No obstante, los países no logran ponerse de acuerdo en los resultados de las investigaciones.