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A pocos días del ballotage que definirá el futuro presidente de la Argentina, en el macrismo ya se encuentran trabajando en una de las principales preocupaciones que deja la década kirchnerista: la ausencia absoluta de políticas de Estado de lucha contra la corrupción. Causas que nunca llegan a una sentencia condenatoria, funcionarios sospechados que obtienen absoluciones exprés, una Justicia dócil y un Ministerio Público Fiscal militante son parte de una situación cuyo diagnóstico es compartido dentro de la oposición y que, a partir del 10 de diciembre próximo, intentarán cambiar.


En ese marco, ayer por la tarde, en las oficinas que el bloque del PRO en Diputados tiene frente al Congreso, el jefe de la bancada, Federico Pinedo, mantuvo un encuentro con funcionarios judiciales independientes y técnicos vinculados al Frente Renovador y la UCR para avanzar en consensos que permitan impulsar medidas concretas ya desde los primeros meses de un eventual gobierno de Cambiemos.


Del lador del PRO, Pinedo estuvo secundado por Alejandro Fargosi, ex consejero de la magistratura, y Gabriela Busellini, funcionaria judicial porteña y una de las organizadoras del encuentro junto a los abogados Roberto Porcel y Horacio Pitrau, especialistas cercanos al Frente Renovador. También participaron los consitucionalistas Jorge Vanossi, también perteneciente al massismo, y Diego Armesto, asesor del diputado radical Oscar Aguad; y funcionarios de la judiciales independientes, como el fiscal de Mar del Plata Juan Manuel Pettigiani y Federico Hooft, secretario en el Poder Judicial de la Nacion. Ausentes con aviso, también estaban invitados los fiscales José María Campagnoli y Ricardo Saenz, quienes se excusaron por problemas de agenda.


Durante la reunión, hubo algunos acuerdos generales, sobre los que avanzarán en la letra chica en próximos encuentros: en primer lugar, darle autonomía a la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, que hoy en día, tras las sucesivas reformas a las que fue sometida, está condenanda al ostracismo bajo la órbita de la procuradora Alejandra Gils Carbó. Aunque se habló de las diferentes alternativas legislativas que forzar una salida de Gils Carbó o limitar sus avances sobre los fiscales independientes, la discusión sobre su situación quedó para una reunión futura, por lo complejo del tema. También, tras cotejar algunos de los artículos del Código Penal vigente con el proyecto realizado por la comisión liderada por Raúl Zaffaroni y el impulsado por Sergio Massa durante la campaña, hubo consenso en avanzar con el endurecimiento de las penas para el delito de cohecho.


Si bien días atrás Mauricio Macri se mostró favorable a la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, el tema fue descartado por Pinedo por las objeciones sobre su constitucionalidad que en la práctica la convertirían en inaplicable, aunque el diputado se mostró favorable a la búsqueda de mecanismos legales que permitan extender el plazo de la prescripción, sin afectar el derecho de defensa.


A pedido de Pinedo, en los futuros encuentros también se buscará endurecer las penas para el prevaricato, aunque por el momento no se legislará sobre la "cosa juzgada írrita" o decisiones judiciales irregulares, pues consideran que con la jurisprudencia existente es suficiente, y convertirlo en ley sería encorsetar a los jueces a la hora de aplicarla.


Durante las casi dos horas en que intercambiaron propuestas, los especialistas mencionaron diversos otros temas, sobre los que podrían avanzar en el futuro. Por ejemplo, se habló de eliminar la posibilidad la suspensión del juicio prueba para los delitos de corrupción, así como Si bien también se mencionó la posibilidad de legislar un Código de Ética Judicial, los presentes reconocieron que implementarlo sería "casi tan difícil como cobrarle ganancias a un juez".