5 claves para entender los aumentos en la medicina prepaga

Los siguientes conceptos surgieron en el marco del XVIII Congreso Argentino de Salud organizado por la Asociación Civil de Actividades Médicas integradas (ACAMI), recientemente celebrado en la ciudad de Bariloche. La entidad nuclea a las empresas sin fines de lucro, que en conjunto reúnen 3100 camas, 1700 consultorios; 50 resonadores y tomógrafos; 7 PET; 10 mil médicos; 25 mil profesionales; 6 escuelas universitarias de medicina y 10 de enfermería, entre otras actividades y servicios.

1. No se puede comparar los aumentos del costo de vida con los aumentos del costo de la salud. La esperanza de vida en nuestro país supera hoy los 75 años, cifra que hubiera resultado inimaginable o utópica hace tres o cuatro décadas. Y se espera que siga subiendo, hasta superar los 80 en los próximos años. Este prolongamiento de la vida, que también va acompañado de una mejor calidad de vida, se debe a los avances científicos y tecnológicos en el campo de la salud. Las drogas, las intervenciones, los tratamientos, toda la práctica médica está embarcada en una carrera hacia la innovación, que depende directamente de un elevado flujo de inversión en investigación y desarrollo, generando un aumento interanual de costos estimado en 10% Esto ocurre en todo el mundo, independientemente de si se trata de países con economía más o menos estable.

2. Los salarios, elemento central en la estructura de costos. La Federación Argentina de Trabajadores de la Salud (FATSA), entidad que representa a los trabajadores de la salud, acordó para este año un aumento promedio de 32%. Se estima que, en la estructura de costos de un sanatorio o clínica, los salarios representan el 70% del total. Es decir que este último 32% representa un aumento del 22,4% del total de las erogaciones. Pero ese no es el único ítem asociado al costo de vida: también tienen aumentos de salarios los trabajadores de seguridad, lavandería, limpieza, mantenimiento y alimentación, entre otros indispensables para el normal funcionamiento. Por un lado, hay un consenso generalizado de que médicos, paramédicos y enfermeras merecen mejor pago, pero por otro no se discute cómo hacer frente a eso.

3. El PMO más extenso y de la región y la "frazada corta". A diferencia de lo que ocurre en otras latitudes, nadie en Argentina se atrevería a discutir que la salud es un derecho universal e inalienable. Como consecuencia de esto, nuestro Plan Médico Obligatorio es sumamente completo y en los últimos años se ha visto reforzado por nuevas leyes específicas para cobertura de distintas patologías: celiaquía, obesidad, adicciones y fertilización asistida. Lamentablemente, ninguna de estas leyes incluye en su texto una mención al origen de los fondos con que las empresas deberían afrontar esas nuevas responsabilidades, y las empresas se ven obligadas a hacer frente a nuevos gastos, con los mismos ingresos.

4. Los aumentos son generalizados, iguales para todo el sector, cuando no todas las empresas tienen idénticas necesidades. La ley 26682 de medicina prepaga, en su texto, dice claramente que las empresas deben presentar su estructura de costos, de manera detallada y exhaustiva, para que la autoridad de aplicación resuelva, caso por caso, el aumento pertinente. Esto se debe a que la incidencia de las distintas patologías cambia según la edad y demás características de la cartera de socios. Como este análisis es muy arduo y complejo, no se realizó hasta ahora, a pesar de que la ley data del año 2011. Los aumentos uniformes, tal como se vienen otorgando, pueden ser suficientes para unas empresas y no para otras.

5. El rol del Estado. Lo que se discute, de fondo, en cada uno de los ítems, es qué rol asumirá o debería asumir el Estado en la política de salud. Si articulará una complementación con los otros subsistemas, prepago y de la seguridad social, si continuará como hasta ahora, si arbitrará al interior de las cadenas para promover acuerdos sustentables. Al momento, la política de los aumentos de cuota graduales se ha ganado la antipatía de las partes, que tienen la percepción de un mayor gasto de bolsillo sin ver con claridad las causas del proceso.