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"La cultura no puede ser secuestrada. Hoy aprobaremos un decreto especial", aseguró en un tuit el jefe de gobierno Matteo Renzi, al anunciar una ley que establece que los museos y parques arqueológicos serán considerados "servicios públicos esenciales", con una reglamentación específica para impedir las huelgas.

"Han herido a la ciudad", lamentó por su parte el alcalde de Roma, Ignazio Marino, comprometido en una campaña de medidas para mejorar los servicios de la capital tras las duras críticas recibidas tanto a nivel nacional como internacional por su mal manejo.

"La cultura no puede ser secuestrada. Hoy aprobaremos un decreto especial"

"La copa está llena", escribió con tono indignado el ministro de Cultura y Turismo, Dario Franceschini, quien apoya la medida de Renzi.

La asamblea sindical de los empleados del Coliseo, uno de los monumentos más visitados de Italia, que recibe 6 millones de personas al año, desató airadas protestas de los turistas, quienes no habían sido informados del cierre. No se trata de la primera vez que los empleados de importantes monumentos y parques arqueólogicos, como en otra oportunidad fue el de Pompeya, cerca de Nápoles, deciden cerrar las puertas por razones sindicales, impidiendo la entrada a los turistas.

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"Ha ocurrido en otras ocasiones que sitios arqueológicos muy atractivos de nuestro país han sido cerrados para los visitantes de todo el mundo sin que sea notificado. Debemos respetar a nuestros turistas", lamentó Bernabò Bocca, presidente de la Asociación Italiana de Hoteles y Turismo.

"Nadie nos advirtió. La última noche en Roma compré las entradas para visitar el Coliseo esta mañana porque viajo en la tarde. Y en cambio nada, está cerrado", se quejó la francesa Paule, procedente de París.

Además del Coliseo estaban cerrados los monumentos vecinos: el Foro Romano, el Palatino, y las termas de Diocleciano, lo que generó el caos en el corazón de Roma.

De otro lado, los trabajadores se defendieron. "Era una asamblea legítima", aseguró Susanna Camusso, secretaria general del mayor sindicato del país, CGIL, quien denunció la tendencia actual de las autoridades a impedir toda protesta y de "limitar la democracia", según dijo.