AMIA: por pedido de la Justicia, Interpol intentará localizar a Antonio Stiuso

El Ministerio Público Fiscal solicitó colaboración para hallar al ex director de operaciones de la Secretaría de Inteligencia. Quieren que aporte detalles de la investigación por el atentado de 1994

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 AFP 162
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Personal de Interpol recibió este jueves por la noche un oficio para buscar a Antonio Stiuso, ex agente de inteligencia denunciado por el Poder Ejecutivo, con el fin de que se presente a declarar y brinde así detalles "de las distintas tareas realizadas en el marco de la investigación por el atentado a la AMIA".


La notificación a Interpol es de índice Azul (solicitud de localización de personas vinculadas a investigaciones penales, pero no es una detención).


Según publicaron la agencia NA y el diario La Nación, por pedido de Sabrina Namer, representante del Ministerio Público Fiscal en la UFI-AMIA, intentarán dar con su ubicación para que brinde detalles en forma testimonial de toda la investigación que hizo junto al fiscal fallecido Alberto Nisman, sobre el atentado a la mutual judía, ocurrido el 18 de julio de 1994.


 Perfil 162
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Por otro lado, este mes el fiscal Franco Picardi requirió al juez federal Luis Rodríguez que convoque a Antonio "Jaime" Stiuso, a quien acusa de haber intentado "engañar a las autoridades de ese organismo y al Poder Judicial para que se autoricen interceptaciones de comunicaciones, contrarias a los requerimientos de la Ley Nacional de Inteligencia".


De acuerdo con el sitio fiscales.gob, Stiuso "había conseguido la intervención de 20 abonados telefónicos y correos electrónicos de la sucursal local de la firma británica de seguridad privada 'Dark Star Security' por supuestas actividades de espionaje y contraespionaje en la Argentina". Esas escuchas "continuaron por tres años a pesar de que el fiscal Federico Delgado había afirmado que no existían elementos que indicaran que esas actividades ilegales hayan existido", sostiene el informe.


El dictamen de Picardi afirma que el ex agente "sería responsable, como funcionario público, de haber interceptado indebidamente comunicaciones telefónicas con posterioridad al 23 de febrero de 2012, cuando venció el plazo legal de 60 días que debía renovar el juez".