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La falta de respeto constante del Gobierno nacional hacia el sistema federal de gobierno, definido en el artículo 1 de la Constitución Nacional, debería recordarnos las guerras internas que sufrió el país para que las provincias pudieran acceder a una cierta autonomía y dejaran de arrastrarse para obtener lo que les corresponde. El federalismo fiscal, el quid de la cuestión, puede ser observado en el artículo 75 de la Constitución Nacional, particularmente en sus incisos 2, 3 y 9. Desgraciadamente, pareciera que al Gobierno nacional no le interesan los preceptos de nuestra carta magna.
El federalismo existe para que ningún presidente pueda coaccionar a los Gobiernos provinciales, imponiéndoles condiciones de guerra a la hora de diagramar sus políticas públicas. Existe para que las provincias y los municipios, con todos los ciudadanos que los forman, no puedan ser tomados de rehenes en caso de una oposición al Gobierno nacional.
El reclamo reciente de la provincia de Córdoba a la Corte Suprema para acceder a los fondos retenidos de manera irracional por el Gobierno nacional y por la discriminación sufrida en la refinanciación de sus obligaciones, me parece certero. Aunque debo reconocer que el Poder Ejecutivo provincial se demoró demasiado en buscar el reintegro de los más de 12 mil millones de pesos por vía legal.
El federalismo fiscal no es un capricho o un pretexto para criticar al Gobierno. Es un tema de importancia vital para el desarrollo y la descentralización de las provincias y sus respectivos municipios. Una de las provincias más irrespetadas del país en términos de federalismo fiscal es Córdoba. La ley 23.548 estipula un 34 % como piso para la transferencia de recursos a las provincias. Hace diez años que el Gobierno nacional viola sistemáticamente este porcentaje. Ya lo he manifestado varias veces en el recinto del Congreso de la Nación, cuando se trataron diversas leyes que perjudican los intereses de Córdoba. Incluso he propuesto un Fondo Federal Hidrocarburífero y Minero proveniente de las regalías para contrarrestar la inequidad distributiva imperante.
No es un secreto: A Córdoba la discriminan desde hace una década por no estar alineada al kirchnerismo. Es injusto que le retengan los fondos que podrían haber sido aplicados al desarrollo, máxime, teniendo en cuenta que la "Pampa gringa" y los cordobeses son los que más aportan al bienestar de los más de 8 millones de argentinos que reciben asistencia social en el conurbano bonaerense. Sumadas, ambas regiones responden por el 18 % de los fondos coparticipables. Siendo una de las áreas más nobles y benefactoras del país, Córdoba termina pagando la fiesta de beneficencia perpetua. El artilugio perverso de la coacción que realiza el kirchnerismo a nivel provincial lo está trasladando al individuo común, que en muchos casos recibe asistencia sin ninguna responsabilidad de contraprestación al país.
La política debe servir para evitar que los ciudadanos sean víctimas de peleas ideológicas de referentes partidarios. En otras palabras, la contienda entre José Manuel de la Sota y la Presidente nos ha perjudicado tanto como la pelea entre De la Sota y Luis Juez. En este sentido, es preciso relegar los intereses personales para que los ciudadanos tengan una mejor oportunidad de recibir los bienes públicos correspondientes en tiempo y forma. Claro, no hay diplomacia que valga si el Gobierno nacional, marcado por el hiperpresidencialismo, rotula a una provincia como disidente y castiga a sus habitantes, que no hacen otra cosa que trabajar, pagar impuestos y contribuir a la demagogia descontrolada que produce los descalabros macro y microeconómicos que han puesto a la Argentina en una situación de inflación permanente, presión impositiva absurda, injusticia redistributiva fiscal y pobreza con desempleo crecientes.
A través de todos los medios, debemos defender a los cordobeses. Debemos exigir que la distribución de recursos responda a los tres principios fundamentales: eficiencia económica, equidad y reparto solidario. Parece mentira que algunas provincias reciban una afluencia de fondos tan desproporcionadamente grande tan solo por ser amigas del Gobierno.
En algunos casos, se parece a un premio que el Gobierno les da a las provincias sumisas, aunque estén mal administradas.
Diputado nacional (UCR)