La Argentina fraudulenta y su reverso

Hay una provincia donde el gobernador y vicegobernador son elegidos por un mandato de cuatro años y no pueden ser reeelegidos. Tampoco el gobernador puede ser elegido vice al terminar su gestión, ni el vice puede ser elegido gobernador. Los parientes de los funcionarios salientes dentro del segundo grado de consanguinidad tienen la misma restricción. Y, por si fuera poco, el gobernador no puede ser electo senador nacional hasta un año después de haber terminado su mandato. Esa provincia no está en Marte, sino que es argentina. Se llama Mendoza.

Todo es distinto acá. Se trata de un desierto, sin embargo, el agua de sus tres ríos generó zonas agrícolas por la distribución a través de las acequias y la incorporación de nueva tecnología, que también permite extraer agua de las capas freáticas y organizar el riego por goteo sobre inmensas regiones que son un vergel, viñas para una de las industrias de exportación más sofisticadas de la Argentina, hasta frutas, flores y hortalizas frescas y procesadas.

La ley de aguas, vigente desde 1884 y actualizada periódicamente, es uno de los instrumentos institucionales más poderosos, con el que se creó un esquema autárquico de gobierno, con autoridades que se votan en forma independiente a los demás cargos electivos, aún en años de dictadura.

Mendoza tiene fama de conservadora. Al punto que la Revolución de Mayo, que fue conocida aquí recién el 6 de junio, los miembros del cabildo local vacilaron entre adherirse a la Primera Junta o enviar tropas a Córdoba para sumarse a la contrarrevolución organizada por Santiago de Liniers. Pero luego de semanas de debate, el 25 de junio se votó acatar al gobierno revolucionar y enviar, con gran entusiasmo, un diputado para representarlos.

Igual entusiasmo encontró José de San Martín para cruzar los Andes de parte de la población mendocina, que colaboró con una fábrica de pólvora, una fundición de artillería, fábrica de tejidos para la vestimenta militar y talleres para las tintas que les daban color, demostrando la gran vocación industrialista local.

No hubo debate para adherir a la Constitución Nacional de 1853, que fue aceptada de inmediato. Rápidamente, Mendoza se puso a trabajar en la sanción de su propia constitución, que fue aprobada en 1854 y así se convirtió en la primera provincia argentina que tuvo su ley fundamental.

Los memoriosos aseguran que el gobernador Emilio Civit, elegido en 1898 y otra vez en 1906, solía enviar a un grupo de funcionarios al puerto de Buenos Aires para promover el viaje e instalación en Mendoza de los inmigrantes españoles e italianos con experiencia en viñedos y producción de vinos. Parece que ese fue el comienzo de la industria vitícola moderna que dominó el siglo XX.

Después del repliegue de buena parte de las familias que operaban en la industria del vino, el siglo XXI estuvo caracterizado por la irrupción de nuevos capitales en el sector, tanto extranjeros como nacionales, que ampliaron las zonas de producción, incorporaron nuevas tecnologías, conectaron a los bodegas con la cultura y la tierra y, así, con la demanda global de vinos de alta gama.

Ahora, como todas las economías regionales, la industria del vino está fundida, según lo asegura la cadena del sector, que organizó durante este año tractorazos y marchas sobre la casa de gobierno en la capital de la provincia, sobre la que derramaron litros de vinos, sin conseguir que el gobernador Francisco "Paco" Pérez los reciba. La rentabilidad negativa afecta a toda la cadena, que debe pagar sus costos con inflación y debe exportar con retenciones y un tipo de cambio que considera "ruinoso". Piden que sea declarada la emergencia económica, previsional, laboral e impositiva para el sector y una auditoría de datos del Instituto Nacional Vitivinícola, ya que dudan de las cifras publicadas en los últimos tiempos.

Se inventan nuevas estrategias electorales perversas para confundir y eternizarse

Para demostrar su disconformidad con las políticas nacionales y provinciales, el electorado mendocino votó el 21 de junio por la oposición de Cambiemos liderada por Alfredo Cornejo, que superó el 46 por ciento, contra el 39 por ciento que sacó Adolfo Bermejo. También en las PASO nacionales ganó la oposición, aunque con una diferencia menor, ya que 36 por ciento sacó Cambiemos y 33 por ciento el FPV. De hecho, varios distritos que habían sido ganado por los opositores en Mendoza, como Las Heras, volvieron al FPV en las primarias del 9 de agosto.

En un mes y medio, el oficialismo kirchnerista recuperó algunas posiciones, que incluso lo ilusionó con la posibilidad de que Daniel Scioli le gane a Mauricio Macri en la primera vuelta electoral que se disputará el próximo 25 de octubre. Esa tibia recuperación, sin embargo, no llevó a que la oposición de ningún signo cuestione el sistema electoral, ni tenga sospechas de fraude. "Esto es Mendoza, no Formosa ni Santiago del Estero", dijo a Infobae un dirigente profundamente antikirchnerista, pero convencido de que 12 años de kirchnerismo en el gobierno nacional y 8 años en el gobierno provincial, no pudieron derribar las columnas en las que está sostenida la democracia mendocina.

Lamentablemente, no es lo mismo que pueden decir otras provincias y regiones de la Argentina, que sobre el sistema electoral del siglo XIX inventan nuevas estrategias perversas para confundir al elector y tener sujetada a la población con gobiernos que se eternizan, como los lemas que volvieron a aprobarse en la provincia de Santa Cruz o la ley de acople con la que se votará hoy domingo en la provincia de Tucumán.

Como se queja la izquierda tucumana, "los acoples son sellos, aparecen en las semanas previas de una elección y luego desaparecen. Crean una gran confusión durante la campaña electoral y para cometer todo tipo de atropellos durante el acto comicial".

En Tucumán, con ese sistema electoral propio de la Década Infame, no sólo la fórmula de la oposición de José Cano y Domingo Amaya está con grandes dificultades, sino que la izquierda está imposibilitada de lograr el porcentaje de votos que está alcanzando en aquéllas provincias donde la expresión democrática está garantizada, como es el caso de Salta.

Hace dos años, Nicolás Del Caño, fue electo diputado nacional por Mendoza y en las últimas primarias fue elegido candidato a presidente por el Frente de Izquierda de los Trabajadores. El 9 de agosto, el FIT sacó casi el 9 por ciento de votos en la elección presidencial en esta provincia. Semejante hazaña solo es posible con un sistema electoral democrático de verdad, propio de sociedades donde el poder acepta los límites institucionales y la población puede expresar en comicios limpios sus ganas de cambiar, sin temor a perder el trabajo estatal ni los planes de sociales.