Pidieron cadena perpetua para el presunto asesino de un narco colombiano

Jonathan Emmanuel Aristimuño se movía un poco incómodo este miércoles en su silla de la sala de audiencias del Tribunal Oral Criminal Nº 1. Apenas movía los labios, trataba de vez en cuando de reprimir una risa nerviosa mientras se detallaba la larga lista de pruebas en su contra.

De 25 años, oriundo de la Villa Tranquila de Avellaneda, padre de dos hijos, prontuariado desde menor y hoy preso en Florencio Varela por matar a un vecino de un tiro de escopeta en un intento de robo según su propia defensora, se sentó en esa misma silla durante las audiencias de las últimas semanas frente a peritos y testigos. Se lo acusa de un crimen sanguinario, en un juicio sin precedentes en el país: el homicidio por encargo del colombiano Jairo Saldarriago Perdomo, ex miembro de las FARC, ex jefe de sicarios del poderoso traficante de drogas Daniel Barrera-Barrera, asesinado de siete disparos .9 mm en la espalda –solo cuatro de ellos fueron letales– en abril del 2012 en plena calle Marcelo T. de Alvear.

Había suficientes motivos criminales para que Saldarriaga –que había venido al país a mediados de la década pasada en busca de naturalizarse como argentino junto a su mujer, con vistas a continuar sus actividades delictivas tras sufrir un atentado en la ciudad colombiana de Villavicencio– terminase muerto en el pavimento; la Justicia argentina sospecha que le "mexicaneó" 6 millones de dólares y 200 kilos de cocaína a su ex patrón. Es, en sí, el primer juicio en la historia del país a un presunto sicario señalado por un crimen narco. Pero Aristimuño apenas pudo levantar la vista del suelo cuando la fiscal de juicio Mónica Cuñarro pidió la pena: cadena perpetua.

Cuñarro, especialista en delitos complejos, lo acusó bajo la figura de "homicidio por precio y promesa", el cargo correspondiente a un sicario. "No tomemos este homicidio como común e intrascendente", afirmó. Luego, alineó cuidadosamente las pruebas en contra de Aristimuño: el testimonio de un sargento de la Policía Federal que persiguió a Aristimuño y que lo reconoció en una filmación de cámaras del Standard Bank al declarar como testigo en el juicio, la activación de celdas de antenas celulares que lo ubican en el lugar del hecho gracias a un teléfono que fue encontrado en la moto expresamente comprada para el hecho con un sticker en su carrocería que llevó a la concesionaria Motozumi en Avellaneda, donde el joven adquirió la moto tres días antes del hecho, así como declaraciones de cinco testigos que dieron una descripción coincidente. La fiscal recalcó que este crimen no existió en un vacío: está ligado al juicio por lavado y narcotráfico llevado adelante por el Tribunal Oral Penal Económico Nº 2 presidido por el juez Claudio Gutiérrez de la Cárcova en donde varios argentinos fueron condenados el mes pasado, en torno a un campo comprado con dinero de Aristimuño, desde donde se enviaba droga para ser traficada a Europa por barco gracias a una salida fluvial.

La declaración indagatoria de Aristimuño –que se negó a declarar en el juicio– fue evocada por la fiscal. Recordó que el joven aseguró haber sido contactado por tres colombianos que frecuentaban la zona de la Villa Tranquila conocida como "El Ranchito", que lo hallaron mendigando en la calle luego de que saliese del penal de Marcos Paz por tentativa de robo. Dijo que se movían en un Peugeot 206 rojo y una Ford Eco Sport, que uno de ellos se llamaba "Camilo", que le pidieron prestar su nombre para comprar una moto Zanella tipo enduro a 12 mil pesos, que por ser extranjeros no podían comprarla. "Bien, vamos a creerle", desafió Cuñarro. De inmediato, la fiscal remarcó que poco después que el acusado saliese del penal, un primo suyo ingresó y que el acusado recibió llamadas desde celulares con tarjeta desde el presidio.

La doctora Verónica Blanco, defensora de Aristimuño, objetó que el código de tarjetas de recarga de esas llamadas indicaba que podrían haber venido de cualquier penal, o de cualquier teléfono por recarga. Para la abogada, que negó que su asistido fuese el autor material del hecho, la teoría no cierra: ¿cómo un grupo de colombianos iba a contratar para matar a un jefe de sicarios militarmente entrenado a "un chico pobre de Villa Tranquila"?

Para la letrada, su asistido fue meramente "usado" como comprador casual de la moto que se empleó en el golpe. Objetó huecos en la instrucción de la causa: que no se hayan tomado huellas en la moto o muestras de ADN en el casco y que no se haya seguido la pista de los colombianos, que coincide, según la abogada, con otros relatos coincidentes en el expediente. Afirmó, también, que el sargento de la Policía Federal que declaró en el juicio solo dijo que el hombre de la filmación era el mismo que persiguió, sin decir que era el acusado, y que por otra parte no pudo proveer información para un identikit. Sin embargo, el autor de esta nota estuvo presente en la audiencia del 8 de junio donde ocurrió la declaración: el reconocimiento, con Aristimuño frente a frente, fue positivo. También, objetó el esquema de llamadas, con el teléfono hallado activado el 3 de abril, dos semanas antes de la muerte de Saldarriaga. Indicó que la mayoría de las llamadas tras el hecho se triangularon en el barrio de Once, y no en Avellaneda, de donde es oriundo Aristimuño. El pedido para su defendido fue firme: la absolución. También, sugirió una teoría enervante: que Saldarriaga, solo y desarmado al momento de ser acribillado, murió fruto de una traición de sus propios hombres.

Por otra parte, hubo una visita inesperada en la sala: se presentaron dos representantes de la PROCELAC y la PROCUNAR, las unidades del Ministerio Público Fiscal encargados de investigar lavado de activos y narcotráfico respectivamente, que podrían iniciar una nueva investigación luego del juicio. Para Aristimuño, el veredicto dictado por el TOC Nº 1 llegará el miércoles 26. Ahí, enfrentará la chance de ir preso de por vida.