Derechos ciudadanos e impuestos, un vínculo crucial poco explorado

Los derechos de los ciudadanos no son un don divino ni tampoco un fruto de la naturaleza; no se exigen solos, y es imposible protegerlos de manera confiable si el gobierno es insolvente o está incapacitado; no son necesariamente una receta de egoísmo irresponsable; no implican que los individuos puedan obtener su libertad personal sin la cooperación social, y no son reclamos inflexibles.

Considerados como un asunto de finanzas públicas, aparecen como instrumentos políticamente creados y colectivamente financiados para impulsar el bienestar humano. Como los resultados de asignar igual protección a todos los derechos –entre ellos el beneficio de vivir en una sociedad relativamente justa donde, en la mayoría de los casos, grupos de orígenes étnicos diferentes pueden coexistir y cooperar en forma pacífica– son difusos y difíciles de captar, es el poder público el que debe realizar la inversión inicial para esa protección.

Los derechos contractuales, que transforman las promesas en obligaciones vinculantes, son un modelo en este sentido. El derecho básico de los ciudadanos estadounidenses a celebrar contratos legalmente vinculantes estimula el hábito de cumplir las promesas, del cual depende cierta prosperidad económica que beneficia a la sociedad en su conjunto. Del mismo modo, el derecho a ser notificado, a presentar prueba, a enfrentar a los testigos de la parte contraria, etc., buscan aumentar la seguridad de los procedimientos civiles y penales y reducir el riesgo de errores fácticos y decisiones equivocadas. La eficiencia en la economía y la verdad en la administración de justicia son bienes públicos, no meramente privados. Gozamos de ellos en gran medida gracias al cuidadoso diseño, la adjudicación meditada, la exigibilidad confiable y la financiación pública de los derechos individuales.