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Un artículo publicado el 27 de julio último en un blog del Wall Street Journal llamó poderosamente la atención de Sabrina Namer, Roberto Palum y Patricio Sabidini, los fiscales sucesores de Alberto Nisman en la unidad que investiga el atentado a la AMIA. Basado en información proveniente desde Washington, afirmaba que la Unión Europea "bajo los términos del acuerdo nuclear alcanzado con Irán este mes, se comprometió a remover a un general iraní retirado de su lista de sanciones."
De acuerdo a esa versión, Vahidi, ex brigadier general y ministro de Defensa del país islámico y las fuerzas de elite de ultramar durante el momento del ataque, podría ser quitado de las listas rojas de Interpol que garantizan su captura. Esto fue una alarma instantánea: para la Justicia argentina, Vahidi está sospechado de ser el autor intelectual del ataque a la mutual judía.
Los fiscales enviaron un pedido formal a Cancillería en donde le hicieron saber a Héctor Timerman su "preocupación por hechos que podrían incidir en el cumplimiento por parte de los Estados Unidos de América de la notificación roja dispuesta por Interpol respecto de Ahmad Vahidi, cuya captura internacional se encuentra ordenada en el marco de la investigación a nuestro cargo". Así lo detalla el documento enviado por los titulares de la UFI AMIA al que accedió Infobae.
"Solicitamos tenga a bien realizar, ante las autoridades de los Estados Unidos, las gestiones diplomáticas que correspondan para recabar información certera respecto de la verosimilitud de estas versiones", indicaron.
La publicación del Wall Street Journal ya había merecido una reacción del Gobierno. El propio Timerman pidió explicaciones a los EEUU y a la Unión Europea por el caso.
Fuentes del Departamento de Estado norteamericano respondieron el 30 de julio que "ninguna de las medidas acordadas en el Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA) concluido recientemente en relación con el programa nuclear de Irán afecta o anula el alerta roja emitido por Interpol para el general Vahidi con respecto al atentado de 1994 perpetrado en Argentina."
En una nota, Washington instó luego a la Argentina a "arbitrar todos los medios necesarios para que los perpetradores del atentado contra la AMIA rindan cuentas por dicha atrocidad".