Bonadio confirmó que retiraron pruebas del local de Máximo antes del operativo

La policía registró el movimiento en la inmobiliaria antes de tener autorización para entrar

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El juez federal Claudio Bonadio confirmó que el 13 de julio, minutos antes de que llegue un operativo de la Policía Metropolitana, hubo personas que retiraron documentación de la inmobiliaria que tiene Máximo Kirchner en Santa Cruz. En aquel momento, Bonadio era el juez del caso Hotesur -tiempo después fue desplazado por la Cámara- y había ordenado un procedimiento para recolectar pruebas vinculadas al caso.


Cauteloso, el magistrado aclaró que no sabe cuál es el contenido de las cosas que se llevaron del local antes de que ingresara la Policía. "No puedo afirmar qué se estaban llevando: puede ser una información relevante o el sándwich del almuerzo", señaló en diálogo con Radio Mitre.


El fin de semana, el programa Periodismo Para Todos mostró fotos de cajas abiertas y papeles desordenados. En este sentido, Bonadio explicó que suponiendo que esas pruebas eran documentación clave, "es relativa la existencia de delito", porque según agregó "si se llevan documentación que los incriminan estarían también dentro de las facultades constitucionales de no declarar contra sí mismos".

En 21 años de labor, el magistrado aseguró que nunca pasó por algo igual, donde ordenado un allanamiento, se demore el procedimiento, y menos que los oficiales asignados detecten que en el lugar se estuvieran llevando pruebas.

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Al ser consultado sobre las demoras en la autorización del procedimiento, Bonadio recordó que desde su juzgado habían solicitado a la jueza federal de Río Gallegos, Andrea Askenazi Vera, entre "15 o 18 allanamientos" en la provincia de Santa Cruz.

"Los exhortos antes de que ella resuelva (la jueza) deben tender la vista del agente fiscal y esperar que éste dictamine y luego, si ambos están de acuerdo, se procede a librar las órdenes de allanamiento. No puedo decir que la doctora haya obstruido nada, porque tampoco el lapso fue demasiado grande", agregó.

El juez también reveló que hubo "reticencia por demás lógica" por parte de los empleados de la inmobiliaria. Bonadio contó que luego del ingreso de la Policía Metropolitana al local, "un empleado hace un llamado y el que concurre primero fue un abogado de apellido Vázquez".

Aunque primero intentó frenar el allanamiento de mala manera, luego accedió a entregar la documentación. Bonadio añadió que ese letrado fue la persona que entregó el material a los agentes "por disposición de la Presidente", según mencionó.

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