Nuevamente, la ciudadanía se convoca en la calle para expresar su rechazo a la política del Gobierno en materia judicial. Si bien en la instancia anterior (#18F) lo hizo conmocionada por la violenta muerte del fiscal Alberto Nisman, lo cierto es que ese reclamo estaba direccionado claramente en contra de los deseos del Gobierno de desviar la atención de la grave denuncia de encubrimiento formulada por el fiscal desaparecido.

Esta vez (#7J) los ciudadanos salen a manifestar su firme disconformidad con la intención del Gobierno de colonizar la Justicia con jueces subrogantes, nombrados a partir de una ley que claramente contradice la Constitución Nacional, y en especial, con la ilegal remoción del juez Luis María Cabral de su cargo en la Cámara Federal de Casación.

En ambas oportunidades ha cobrado un papel central el compromiso de las organizaciones relacionadas con la actividad de los abogados y de los operadores del sistema judicial, especialmente la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, que han sabido interpretar y canalizar el reclamo social en busca del respeto de la división de poderes y de los principios republicanos.

No puede dejar de señalarse que ambas manifestaciones públicas tienen un eje común: el rechazo a la intención del Gobierno de impedir que avance toda investigación relacionada con el extraño acuerdo firmado con Irán en torno al atentado a la AMIA de 1994.

De allí la importancia que cobra hacia el futuro el compromiso asumido ante la Asociación de Magistrados y la sociedad en su conjunto por los principales referentes políticos de la Argentina, en el sentido de respetar la independencia del Poder Judicial, que en pleno ejercicio de sus funciones constitucionales podrá, finalmente, decidir sobre la validez constitucional de aquel acuerdo con Irán y sobre todas sus implicancias jurídicas.

Este 7 de julio la sociedad marcha una vez más en busca de la verdad y sus dirigentes la acompañan.