La presidente de la Casa de Moneda no presentó su declaración jurada de 2014

El 30 de mayo pasado venció el plazo para presentar la rendición de cuentas anual de los bienes de los funcionarios públicos. Ni Daura ni su pareja, que trabaja en el Senado, cumplieron con su obligación

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Katya Soledad Daura y Manuel María Somoza son funcionarios públicos y no presentaron aún sus declaraciones juradas de bienes correspondientes al año 2014.

La pareja se desempeña en cargos que llegaron a ocupar de la mano de Amado Boudou, cuando el vicepresidente era una estrella fulgurante dentro del kirchnerismo.

Daura es la presidente de la Sociedad del Estado Casa de Moneda, el organismo estatal encargado de la impresión de los billetes. Somoza es funcionario en la Dirección General de Administración del Senado de la Nación.

Antes de alcanzar su puesto en Casa de Moneda, Daura era técnica en la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) cuando Boudou desembarcó en el organismo. Somoza, antes de trabajar en el Senado era subsecretario de Administración y Normalización Patrimonial de la Secretaría Legal y Administrativa del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas cuando Boudou encabezaba aquella cartera. Daura y Somoza viven juntos y tienen tres hijos en común de diez, ocho y seis años.

Al presidir la Casa de Moneda, Daura quedó a cargo de la expropiada Ciccone Calcográfica, una empresa que, para la justicia, era de Boudou, quien la compró a través de testaferros. Somoza maneja recursos en la Cámara alta donde hasta el 10 de diciembre Boudou seguirá tocando la campanita.

Ambos son investigados por el delito de enriquecimiento ilícito a partir de una nota publicada por el diario La Nación en septiembre de 2014 en la que se informaba del aumento patrimonial de un grupo de funcionarios públicos que habían tenido una enorme cercanía con Boudou.

El periodista Iván Ruiz explicó en aquella nota que Daura "registró un aumento patrimonial del 43%: sus activos superan el millón de pesos. Tiene una casa en Posadas, Misiones, y una camioneta Toyota Hilux SW4 modelo 2012 valuada en $350.000. La funcionaria desoyó el discurso kirchnerista de ahorrar en pesos: atesoró 82.000 dólares en efectivo". El artículo señaló que "Somoza declaró activos por $1,8 millones, un 47% más durante el último ejercicio. La mayor parte de su inversión está volcada en un portafolio de acciones, bonos y títulos públicos por $720.000. Tiene participación en YPF, Petrobras, Pampa Energía, Banco Macro, Banco Galicia, Aluar y Siderar. Invirtió en bonos de la Nación 2015 y 2017, y en títulos públicos vinculados al PBI en pesos y dólares por $350.000. También declaró como propia el 25% de Kengat SRL, fabricante de calzado. Informó oro, aunque sin detallar la cantidad, $50.000 dólares y un Volkswagen Bora 2.0 modelo 2008 valuado en $69.000". Las declaraciones juradas se confeccionan con las valuaciones que los que las presentan les otorgan a cada uno de los bienes.

Ese caso está a cargo del juez Ariel Lijo y del fiscal Gerardo Pollicita. Los funcionarios fueron imputados el año pasado y la investigación avanza. Daura y Somoza mantienen intacta su relación con el ex ministro de Economía a punto tal que el funcionario del Congreso designó como abogado en esa causa a Eduardo Durañona, amigo y defensor de Boudou en casi todos los casos de corrupción por los que está imputado el vicepresidente.

 Adrián Escandar 162
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Hasta el viernes pasado la declaración jurada de Daura correspondiente al año 2014 no estaba publicada en la página web de la Oficina Anticorrupción donde debería estar desde fines de mayo pasado. Sin embargo aparecen publicadas las de 2012 y 2013. Según pudo saber Infobae, Somoza tampoco presentó en el Senado de la Nación su declaración correspondiente al año 2014. La del año 2013 sí está presentada.

Ambos están obligados a presentar sus declaraciones juradas de bienes y si no lo realizan a la brevedad, pueden llegar a ser intimados para que lo hagan. Y pueden ser denunciados por omisión de declaración jurada, algo que complicaría su situación en la investigación por enriquecimiento ilícito.