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Tribunales de Guatemala y Honduras pusieron este martes en aprietos a altos funcionarios por escándalos de corrupción que llevaron a pobladores de esos países a tomar las calles para exigir la salida de autoridades involucradas en desvíos de recursos públicos.
En Guatemala, la Corte de Constitucionalidad (CC), la máxima instancia judicial, rechazó la impugnación que presentó el presidente Otto Pérez para dejar sin efecto el antejuicio en su contra por supuestos actos de corrupción.
Entre tanto, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Honduras dictó orden de arresto contra la vicepresidente del Congreso, Lena Gutiérrez, acusada de recibir fondos desviados del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
Los dos reveses judiciales se producen en momentos que esos países centroamericanos se ven sacudidos por escándalos de malversación de recursos públicos por parte de sus autoridades.
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El presidente guatemalteco Pérez presentó la noche del viernes al máximo tribunal constitucional un recurso de amparo para detener un proceso de antejuicio en su contra que ventila el Congreso para levantarle la inmunidad, avalado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
En el sistema judicial guatemalteco, la Corte de Constitucionalidad está por encima de la CSJ.
La denuncia contra el mandatario fue presentada por el diputado opositor indígena Amílcar Pop, quien consideró que Pérez está involucrado en escándalos de corrupción en las aduanas y seguro social que desde abril estremecen al país.
Pop argumenta que Pérez incurrió en los delitos de encubrimiento propio, enriquecimiento ilícito y asociación ilícita, toda vez que él nombró a las máximas autoridades de las entidades involucradas en los escándalos, el Seguro Social y aduanas.
La Corte Constitucional mantiene en suspenso provisional el proceso de antejuicio desde el pasado 18 de junio, cuando aceptó un amparo presentado por la abogada Karen Fischer, una ex fiscal que actúo a título personal.
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Desfalco al Seguro Social
Sin embargo, la analista Lorena Escobar, de la Asociación de Investigacion y Estudios Sociales, consideró que el presidente aún está resguardado por el fallo previo de la CC, que mantiene paralizado el antejuicio por el recurso de Fischer.
"No es un fallo que el presidente hubiese querido pero el proceso (de antejuicio) sigue suspendido por el otro amparo", recordó Escobar.
En Honduras, el magistrado Jorge Rivera, presidente de la Corte Suprema de Justicia, dijo que emitió órdenes de captura contra 16 personas, incluyendo a la diputada Lena Gutiérrez, su padre y dos hermanos, acusados de recibir dinero del seguro social procedente de una compra irregular de medicamentos de la empresa Astopharma, de la que serían socios.
Los fondos se desviaron hacia funcionarios públicos y empresarios mediante compras sobrevaloradas de medicinas y equipo para los hospitales públicos.
El propio mandatario hondureño, Juan Orlando Hérnández, reconoció que unos 94.000 dólares de esos fondos ingresaron a su Partido Nacional (derecha) para la campaña electoral de 2013 que lo llevó al poder.
El representante de Transparencia Internacional en Honduras, Carlos Hernández, calificó como "positiva" las acciones de los tribunales y confió que "el poder judicial actuará con independencia".
Subrayó que "se debe sentar un precedente que la justicia se aplica a ricos y pobres por igual" por lo que "esta decisión es esperanzadora".