La política ferroviaria de la década kirchnerista, bajo la lupa

El sector de transporte es uno de los más deficitarios de la gestión estatal de la última década. En él se incluyen los corredores viales, el transporte aéreo y el fluvial, pero el cuadro más crítico se puede constatar en el sistema ferroviario, una creciente precarización que va incluso a contramano de los indicadores económicos registrados en el país.

En las auditorías de las concesiones ferroviarias para los servicios de carga y pasajeros realizadas por la AGN hemos encontrado distintos grados de incumplimiento empresarial de las obligaciones contractuales, especialmente en lo que se refiere al mantenimiento y las condiciones de seguridad. Los pasajeros viajan hacinados, el material rodante es de baja calidad, la prestación del servicio es deficiente lo mismo que la infraestructura de vías. Todo esto ha llevado a un estado de inseguridad en que los incidentes son frecuentes y sus consecuencias, en muchos casos, son de enorme gravedad.

En diez años de crecimiento económico no se revirtió el estado de deterioro en que quedó el sector luego de que en la década de 1990 se concesionaran las líneas férreas a operadores del sector privado.

El deterioro se profundizó más aún, a tal punto que los trenes ya no solo son lentos, incómodos o ineficientes, sino que se volvieron peligrosos. A principios de la década bajo análisis, el transporte ferroviario se encontraba en un punto difícil, no solo por el diseño del modelo concesionario, sino también por la profunda crisis económica que sufrió el país en el comienzo del nuevo milenio. La combinación de ambos factores impulsó al gobierno de Eduardo Duhalde a decretar en 2002 el "estado de emergencia" en el sector de transporte ferroviario de pasajeros,3 dentro del marco de la Ley de Emergencia Económica sancionada unos meses antes.

El sistema era un híbrido en el cual coexistieron ramales operados por empresas privadas como Metrovías y Ferrovías y ramales con acuerdos de gerenciamiento administrados por cuenta y orden del Estado nacional como la Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia ( UGOFE), en los que no existen mayormente obligaciones, régimen de penalidades ni ningún nivel de riesgo empresario.