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La Cámara en lo Civil y Comercial de Segunda Nominación de la ciudad de Córdoba ratificó un fallo de primera instancia, que obligaba al gobierno provincial a abonar $400.000 a la familia de un menor de 14 años que resultó herido en un ojo luego de que un compañero le arrojara un bollo de papel, hecho que le hizo perder la visión.
El fallo se pronuncia contra la pretensión del Ejecutivo, que afirmaba que el compañero autor de la agresión debía tener un porcentaje de la culpa, y que no toda la responsabilidad era del Estado.
En tal sentido, el tribunal integrado por los jueces Silvana Chiapero, Raúl Lescano y Dalia Carta de Cara entendió que "los propietarios de establecimientos educativos privados o estatales serán responsables por los daños causados o sufridos por sus alumnos menores cuando se hallen bajo el control de la autoridad educativa", tal como reza la legislación vigente.
Según señala el diario especializado Comercio y Justicia, los testimonios de los alumnos revelaron que "no había ningún profesor presente en el aula" cuando ocurrió la agresión. El fallo estableció que "cuando los padres confían a sus hijos a instituciones encomendadas a su educación y guarda, es esperable de estas últimas una vigilancia activa y eficaz para evitar peligros que se deriven en daños".