Con aval de la Casa Rosada, avanza el intento del oficialismo de investigar a la Corte Suprema

Luego de algunos titubeos, el kirchnerismo dio luz verde al nuevo embate contra la Corte Suprema que se rumiaba desde hace semanas en despachos de la Cámara baja. El titular del cuerpo, Julián Domínguez, giró a la comisión de Juicio Político el escrito de un grupo de diputados que puso bajo la lupa el proceso por el cual Ricardo Lorenzetti fue reelecto al frente del tribunal, secundado por Elena Highton de Nolasco.

La maniobra había sido adelantada el martes, pero no fue hasta este viernes que se le dio curso. Algunas versiones atribuyeron la demora a un pedido de la Casa de Gobierno; otras, a un recule de la propia comisión. En cualquier caso, el freno que encontraba la iniciativa se desactivó y la dependencia que preside la camporista Anabel Fernández Sagasti quedó en condiciones de habilitar el debate. En principio, lo haría la próxima semana, confiaron fuentes parlamentarias a Infobae.

La acordada °11 del máximo tribunal, en la que se oficializó la elección de Lorenzetti, fue dada a conocer el 21 de abril. Y de inmediato generó una ola de críticas por parte del oficialismo. A través de distintas voces, objetó primero el momento para tomar tal decisión, al observar cierto sentido político. Después, apuntó a las formalidades al denunciar que Carlos Fayt no había estado presente para la firma de un documento que llevaba su rúbrica.

Pese a que numerosos especialistas consideraron entonces que el hecho de que Fayt pudiera haber prestado su aval desde su casa era inocuo, y que el propio magistrado fue luego a los tribunales de Talcahuano para ratificar su pronunciamiento (acordada 15/2015), el Gobierno insistió en sembrar dudas sobre la validez del documento. El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, sugirió que los jueces podrían haber incurrido en "falsedad ideológica". Y Fernández Sagasti advirtió que, de comprobarse ese delito, se "estaría en un caso de mal desempeño", que admite la posibilidad de iniciar un juicio político.

La nota que los legisladores elevaron a la comisión -a la que accedió este medio- no pide investigar la "falsedad ideológica". Lo da a entender. ¿Cómo? Lo atribuye a la prensa. "En varias notas periodísticas se realizan imputaciones penales a los magistrados de la Corte Suprema por haber incurrido en el delito de falsedad ideológica en un instrumento público previsto en el Código Penal", expone.

El escrito indica que "no pretende afectar el reconocimiento que por su trayectoria corresponde a los jueces (...), sino que tiene como objeto dilucidar estos diversos cuestionamientos que han hecho eco en la sociedad". Montada la excusa, solicita que "se recabe de la Corte Suprema el envío de fotocopias certificadas de la acordada 11/2015 con las firmas de sus otorgantes". Y reclama lo mismo de la acordada 15/2015, aquella que, con Fayt en el edificio, ratificó lo resuelto en la anterior.

Con 17 miembros propios sobre 31, el kirchnerismo tiene el número suficiente en para que la comisión de curso al planteo. Lo demostró semanas atrás cuando abrió un proceso de investigación contra Fayt, de 97 años, destinado a evaluar si está en condiciones psicofísicas de ejercer su cargo. No obstante, lejos está de contar con las adhesiones necesarias para impulsar un juicio político. Eso, claro, no le impide sumar un nuevo capítulo al enfrentamiento que mantiene hace tiempo con la Corte.