"En Mendoza prohibimos las salidas transitorias en casos de delitos violentos"

"En Mendoza promovimos una Ley de Ejecución de Pena para prohibir las salidas transitorias en casos de delitos violentos y fijar criterios más severos para el resto", explicó el legislador nacional por la UCR, autor de la nueva ley mendocina.

Los delitos violentos a los que se refiere la nueva norma son el homicidio simple, los delitos contra la integridad sexual, el robo agravado, el homicidio en ocasión de robo y la tortura seguida de muerte.

Luis Petri expuso sobre este tema en el encuentro mensual de Usina de Justicia, un foro que reúne a expertos y víctimas en busca de promover soluciones al tema de la inseguridad –en todas sus manifestaciones: delictiva, vial, etcétera.

Para poder modificar el sistema de Ejecución Penal, Mendoza tuvo que derogar la ley nacional y recuperar sus facultades de legislar en la materia.

Respondiendo las críticas de los que llamó "abogados de los derechos humanos", Petri señaló que la salida transitoria es un privilegio y no un derecho y que hay que "derribar mitos sobre los tratados internacionales", esgrimidos siempre en defensa del abolicionismo penal.

El único fin de la pena no es la resocialización, sostuvo Petri, sino proteger a la sociedad frente al crimen. La propia ONU, en el año 1957, al fijar las Reglas Mínimas para el tratamiento de los reclusos, sostiene en su artículo 58 que "el fin y la justificación de las penas y medidas privativas de libertad son, en definitiva, proteger a la sociedad contra el crimen".

Un argumento contrastante con la interpretación que los jueces abolicionistas dan al artículo 18 de la Constitución Nacional que dice que "las cárceles [serán] para seguridad y no para castigo de los reos", interpretando que se refiere a la seguridad de los presos y no a la de la sociedad, lo que a todas luces contradice el sentido común.

"Los tratados internacionales no asocian la resocialización con las salidas transitorias. Eso es una construcción"

"Además –dijo Luis Petri- hay que aclarar que los tratados internacionales no asocian la resocialización con las salidas transitorias. Eso es una construcción de los llamados abogados de derechos humanos. Ellos asimilan resocialización con liberación anticipada". En efecto, las reglas de la ONU, al referirse a la reinserción de los presos, no mencionan las salidas transitorias; sí la libertad condicional bajo vigilancia. El artículo 60 dice: "Es conveniente que, antes del término de la ejecución de una pena o medida, se adopten los medios necesarios para asegurar al recluso un retorno progresivo a la vida en sociedad. Este propósito puede alcanzarse, según los casos, con un régimen preparatorio para la liberación, organizado dentro del mismo establecimiento o en otra institución apropiada, o mediante una liberación condicional (...)".

Petri sostuvo que hay incluso convenciones internacionales cuyas recomendaciones contradicen lo que sostiene el garantoabolicionismo: "Por ejemplo, la convención de Palermo (Naciones Unidas, 2000), contra el crimen organizado, advierte a los Estados que piensen bien antes de dar libertades anticipadas. O sea que hay un tratado internacional que va en el sentido contrario a lo que dicen los abogados de derechos humanos".

"¿Quién se hace responsable del homicidio de una persona cometido por alguien que debía estar preso y fue liberado por informes mal hechos, malinterpretados o inexistentes?", se preguntó. Y, a la luz de lo sucedido en el jury al juez Axel López, al que sus pares des-responsabilizaron de los crímenes horrendos cometidos por los reincidentes a los que benefició con salidas anticipadas, la respuesta es: nadie.

"No construyen nuevas prisiones porque quieren que el sistema colapse para decir que la cárcel no sirve"

El legislador también llamó la atención sobre la escasísima inversión que ha habido en el sistema penitenciario en estos años. "No hay inversión para construir nuevas cárceles, porque los abolicionistas están interesados en que el sistema colapse para demostrar la ineficacia de la pena privativa de la libertad, para poder decir que las cárceles no sirven para nada", sostuvo. "Y eso, en lugar de pedir que se construyan más cárceles para darles dignidad a las personas detenidas y para que el proceso de preparación para la resocialización se dé en un contexto apropiado", agregó.

También hizo referencia al polémico tema de las comunicaciones telefónicas desde la cárcel. "En Mendoza en el 2009 -contó- se buscó regular las comunicaciones en los establecimientos ante una ola de secuestros virtuales producida como consecuencia de que hubo un ingreso masivo de celulares a los penales. Es muy simple hacer efectiva la prohibición del uso de teléfonos móviles: se bloquea la señal y listo. Además, nosotros propusimos la creación del puesto de operador telefónico penitenciario con el fin, por ejemplo, de chequear la identidad de la persona a la que llama el recluso. El operador puede preguntar a la persona, por ejemplo: ¿Usted es la madre (o el padre, el amigo, el hermano, etc.) de Fulano de tal? Y recién entonces establecer la comunicación". Una solución sencilla dictada por el sentido común.

"La inseguridad no está en la agenda ni de la izquierda ni de la derecha, pese a ser la principal preocupación de la gente"

Al hacer la síntesis de las reformas promovidas en Mendoza, el diputado Petri subrayó la paradoja de que "el tema de la inseguridad no esté en la agenda de los políticos, ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro, a pesar de que todas las encuestas muestran que para la gente ese es el principal problema no resuelto desde el regreso de la democracia".

"Necesitamos una profunda reforma del sistema de prevención, del sistema judicial y del penitenciario", dijo Petri. En particular, señaló la necesidad de proteger los derechos de las víctimas. "El imputado tiene un arsenal de derechos y la víctima apenas un puñado –dijo-. Nuestro objetivo, con las reformas promovidas en Mendoza, era fortalecer los derechos de la víctima en el proceso penal. Porque el Estado, con el argumento de que ejerce su representación, la desplazó".

"Así como el imputado, desde el momento de la comisión del delito, es sujeto de todo un conjunto de derechos, la víctima debería serlo también, independientemente de que se constituya o no en querellante, algo que, por otra parte, depende de la voluntad del juez", dijo.

Promesas oficiales

A propósito de este tema, cabe señalar que existe una promesa del jefe de Gabinete, Anibal Fernández, hecha a Matías Bagnato, sobreviviente de la Masacre de Flores, y a Guillermo Bargna, padre de Soledad, la joven asesinada por un reincidente liberado, de enviar al Senado un proyecto de reforma del Código Penal para que las víctimas sean notificadas por los jueces si van a otorgar beneficios a los condenados.

El funcionario les aseguró a Bagnato y Bargna que el proyecto está en preparación, pero hay inquietud entre las víctimas porque fuentes del Senado señalaron que el tema no será debatido antes de las elecciones. Las campañas mandan.

Y, como bien señaló Luis Petri, las prioridades de la gente no están en la agenda de los candidatos.