Los candidatos que "no fueron" podrían volverse un lastre económico para sus partidos

Las aguas del "baño de humildad" que reclamó la Presidente demoraron apenas unos días en inundar la interna kirchnerista. Al final, el colador rescató sólo a los peces gordos: Daniel Scioli y Florencio Randazzo. Pero el residuo que dejaron quienes se ahogaron en ese estanque podría tener consecuencias no calculadas para el futuro del oficialismo.

Confirmados para las primarias, el gobernador bonaerense y el ministro del Interior y Transporte deberán rendir cuentas sobre sus gastos. Por ley, deben presentar un balance. Con aquellos que quedaron en el camino no ocurre lo mismo. Más allá de los esfuerzos que hicieron algunos por hacerse lugar en la lista de presidenciables, lo cierto es que aún no se abrió la inscripción formal de candidatos y no hay papel que los obligue.

En principio, la "desgracia política" de los dirigentes que debieron deponer sus aspiraciones los exonera de revelar los recursos que usaron. Atento a lo que podía ocurrir, la Cámara Nacional Electoral (CNE) habilitó tiempo atrás un registro para que los dirigentes embarcados en proyectos electorales presenten de manera voluntaria un descargo con el dinero que van usando para ese fin. Ninguno lo hizo.

Ahora ese tribunal avisó que no hará la vista gorda sobre ese dinero. "Nosotros vamos a imputar esos aportes al partido", anticipó su titular, Santiago Corcuera, durante un taller que realizó esta semana la Universidad de Palermo. Así respondió al ser consultado por Infobae sobre qué hará si los "caídos" no informan sus gastos.

"Vemos que (Sergio) Urribarri, (Jorge) Taiana, (Agustín) Rossi, (Diego) Bossio se bajaron de la campaña. ¿Pero qué pasó con ese dinero?", se preguntó Pablo Secchi, director de Poder Ciudadano, en diálogo con este medio.

Secchi apuntó que un cartel de los que se ven en las rutas con nombres de políticos cuestan entre 45 mil a 100 mil pesos al mes. "Son millones y millones", observó al ensayar una multiplicación entre la cantidad de candidatos que incurrieron en ese tipo de prácticas en el último tiempo.

De concretarse, la advertencia de la CNE amenaza con afectar el financiamiento de los postulantes que están de pie. Los fondos máximos que puede destinar un partido para las primarias en categoría de presidente son unos 85 millones de pesos. Por eso, Scioli y Randazzo deberán estar atentos a no superar ese límite.

Por su competencia, el aviso de la cámara compromete en mayor medida al oficialismo, que llegó a tener siete anotados por en la carrera por la sucesión presidencial - parece improbable que las inconclusas postulaciones de Hermes Binner y Julio Cobos puedan afectar a Margarita Stolibzer o Ernesto Sanz-. Sin embargo, los tribunales provinciales podrían seguir sus pasos con el antecedente.

En cualquier caso, las investigaciones de la Justicia suelen demorar y podrían no arrojar resultados sino hasta pasada las PASO. De manera que lo más probable es que las autoridades partidarias tengan que dar explicaciones más adelante para no ser castigadas.

Campaña anticipada

La denominada reforma política que aprobó el Congreso en 2009 hizo un recorte drástico en el tiempo destinado a la campaña: las confinó a 30 días antes de las primarias, y 35 antes de las generales.

Previsible, con la restricción afloraron atajos y artimañas. Durante el debate realizado en la UP, tanto Corcuera como el director nacional electoral, Alejandro Tullio, coincidieron en reconocer esa falla en la normativa y la existencia de prácticas, sino ilegales, sospechosas.

Ya desde el año pasado las rutas del país se colmaron de cartelería dedicada a la política. Astutos, la mayoría optó por poner nombres sin cargos específicos. Quienes frecuenten librerías habrán notado también la cantidad de libros utilizados por políticos para promocionarse. Esas son sólo algunas de las "trampas" en danza para sortear los límites.

Aunque algunos casos son evidentes, la ley no es fácil aplicar con ambigüedades. "Hoy no tenemos candidatos oficiales sino señores que se autoproclaman candidatos que se promocionan en carteles en la vía pública sin apelar claramente a la búsqueda del voto", explicó el presidente de la CNE. Y remarcó que ante la duda la Justicia siempre se inclinará por resguardar la libertad de expresión.

De todos modos, el tribunal instó semanas atrás a los jueces con competencia electoral de todo el país a poner el foco en los mensajes que puedan estar infringiendo las normas. Hasta ahora, las sanciones no han sido tantas como se hubiera esperado, pero según Corcuera están funcionando como amonestación para las agencias que gestionan los espacios publicitarios.