Piden seguir investigando la designación de tres hijos de D'Elía como empleados públicos

El fiscal ante la Cámara de Casación Germán Moldes pidió que se siga investigando a tres hijos del dirigente oficialista Luis D´Elía para determinar si cometieron delito cuando ingresaron como funcionarios al Estado nacional.

También están bajo investigación Diego Bossio, director de Anses y Carlos Tomada, ministro de Trabajo, los funcionarios públicos que avalaron -en diferentes instancias- las designaciones del Pablo Emanuel, Facundo Nahuel y Luis Ignacio D´Elía para que entraran a trabajar a la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

La causa judicial se originó por una denuncia realizada por la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas y fue firmada por el fiscal Ricardo Renom en agosto de 2014. Por sorteo quedó a cargo de la jueza María Servini de Cubría y del fiscal Carlos Rívolo.

En la denuncia se estableció que los hijos de D´Elía habían sido nombrados en Anses y que "no contaban con el secundario terminado" de acuerdo a lo que manda el Convenio Colectivo de Trabajo 305/98 que rige para los trabajadores de Anses.

En el artículo 29 apartado 1.4 de ese Convenio se establece que quienes ingresen en el "agrupamiento Administrativo y de Servicios Generales" -donde se encuadran los hijos de D´Elía- deben "contar con al menos Título Secundario (ciclo completo) conforme la Ley Nacional de Educación Nº 26026, o la que lo reemplace en el futuro".

En el expediente judicial se informó que tanto Pablo como Facundo "adeudan materias" del secundario y que Luis Ignacio "está cursando estudios secundarios". Servini de Cubría, luego de una explicación del área de Jurídicos de Anses, decidió archivar el caso por inexistencia de delito.

Pero Rívolo apeló y explicó que los "nombramientos" se hicieron sin observar los requerimientos legales. Tanto los hijos de D´Elía como quienes validaron los nombramientos, están imputados por los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. En el caso de ser condenados les correspondería la pena que establece el artículo 253 del Código Penal que sostiene que "será reprimido con multa de pesos setecientos cincuenta a pesos doce mil quinientos e inhabilitación especial de seis meses a dos años, el funcionario público que propusiere o nombrare para cargo público, a persona en quien no concurrieren los requisitos legales. En la misma pena incurrirá el que aceptare un cargo para el cual no tenga los requisitos legales."

Esa apelación fue sostenida por el fiscal ante la Cámara Federal Germán Moldes, quien pidió que se revise lo decidido por Servini de Cubría porque lo considera "prematuro". Moldes señaló que "para la Sra. Juez esas designaciones no son delictivas mientras que para los fiscales que intervenimos en el proceso, sí lo son".

Será la Sala I de la Cámara Federal, integrada por los jueces Eduardo Farah, Jorge Luis Ballestero y Eduardo Freiler, la que decidirá si los hijos de D´Elía y Bossio y Tomada siguen bajo investigación judicial.