Leandro Halperin, abogado especialista en sistemas penitenciarios, criticó duramente al Estado y las fuerzas de seguridad por la situación que atraviesan los presos en el país. Denunció torturas por parte de las autoridades y hasta se animó a decir que las "cárceles son inútiles porque dañan".
"Sabemos que en las cárceles el Estado y este Gobierno en particular han violado sistemáticamente los derechos humanos", aseguró el experto en diálogo con Infobae. "Es un problema de la política en general y de los tres poderes. En la política penitenciaria deberíamos terminar con la grieta discursiva entre oficialismo y opositores. Han sido todos cómplices de la situación del sistema penitenciario argentino. Unos porque no ven cuando gobiernan y otros porque no ven cuando son oposición. Unos y otros piden oportunistamente soluciones que son placebos que no van al fondo de lo que pasa en las cárceles. Las cárceles no son útiles, dañan pero son la respuesta que la sociedad decidió tener para revolver los conflictos más graves", señaló.
De igual forma se refirió a la huelga de hambre llevada adelante por presos en la provincia de Chubut, quienes reclaman, entre varias cosas, tener una consola de videojuegos. "En ese mismo escrito que se pedía una Playstation, se pedía que el Estado no torture más a los presos, que no abusen de los familiares que entran a la cárcel y que tengan espacio para la recreación. El hábeas corpus fue concedido en estos temas que son graves, que es que el Estado delinque y hace lo mismo que reprocha a la personas que están en prisión y no fue concedido en lo que hace a la Playstation", aclaró Halperin.
"Cuando un preso hace un reclamo, puede pedir lo que quiere, pero la noticia más importante es que el Estado sigue torturando personas en las cárceles argentinas", insistió. Remarcó que "es muy grave" porque de esta manera se genera que las personas que están en las cárceles "no se motivan a favor de la sociedad", pero es mucho más grave aún porque el Estado hace lo que reprocha y se convierte en delincuente, y eso es intolerable".
"Que viole la ley con la presunta excusa de pretender motivar para respetar la misma ley que el Estado viola y que llevaron a estas personas a estar donde están", agregó. Planteó, a su vez, cuál debería ser la solución para la grave situación del sistema penitenciario argentino.
"No propongo erradicar la prisión, lo que sí creo es que mientras la pena se cumpla, el Estado debería reducir el daño que la cárcel provoca tanto para los presos como para los penitenciarios y motivar para que cuando se vuelva al medio libre, porque en nuestro país todos van a volver a recuperar la libertad, lo hagan de manera pacífica y no conflictiva y emplear herramientas para motivarlos en el sentido correcto, e invertir en educación, en capacitación para el empleo", aconsejó.
Halperin remarcó la complicidad del Estado y las fuerzas de seguridad en una suerte de pacto de impunidad. "La regla contra el delito es la impunidad. El Estado no encuentra a la inmensa mayoría de los responsables de las conductas más graves. Estamos hablando de aquellos que son identificados como responsables de los delitos que cometieron y que son castigados como la ley manda", sostuvo.
"El poder político claramente es cómplice de lo que pasa en nuestras cárceles. Si bien uno podría achacarle la responsabilidad al autogobierno de la fuerzas de seguridad, en este caso del servicio penitenciario, no hay duda de que ese autogobierno es producto del pacto de impunidad entre las políticas y la política con las fuerzas de seguridad. Los Servicios Penitenciarios les ofrecen a los responsables de las políticas públicas paz a cambio de mantener sus negocios. Lo cierto es que lo único que sigue existiendo son sus negocios", denunció.