Colombia: escándalo en Corte Constitucional por un caso de corrupción de su ex presidente

El presidente de la Corte Constitucional de Colombia, Jorge Pretelt, indagado desde hace tres semanas por supuesta corrupción, enfrenta ahora una segunda pesquisa por un caso de despojo de tierras y desplazamiento forzado de personas, anunció este viernes la Fiscalía.

El magistrado y su esposa Martha Ligia Patrón están bajo investigación por la compra en 2000 y 2003 de dos predios en el departamento de Antioquia, en el noroeste del país, señalados de estar vinculados con el delito de apropiación indebida de tierras en el marco del conflicto armado que golpea a Colombia desde hace medio siglo.

"La Fiscalía investigará si en esta compraventa en la que aparecen Pretelt y Patrón se cometieron también los delitos de concierto para delinquir agravado, desplazamiento forzado de población civil, lavado de activos agravado, destrucción y apropiación de bienes protegidos", dijo el ente acusador en un comunicado.

Pretelt insistió en que no renunciará a la presidencia de la Corte pese a las reiteradas peticiones de sus colegas

Sobre las más de 100 hectáreas compradas por Pretelt y Patrón, se solicitó que se impongan medidas cautelares pues "están involucradas en el delito de desplazamiento forzado" de sus habitantes, presuntamente ejecutado por grupos paramilitares de derecha, añadió la Fiscalía.

Este caso será investigado por un grupo especial de fiscales "especializados en contextualizar e investigar crímenes de lesa humanidad".

La Fiscalía dijo que remitirá copia de esta causa a la comisión de acusación de la Cámara de Representantes, encargada de investigar a altos funcionarios, para que determine "si la compra de los predios La Corona y Alto Bonito, que al parecer fueron objeto de apropiación y desplazamiento forzado por parte de paramilitares, es relevante desde el punto de vista penal" en relación con Pretelt.

Por este caso, además, la esposa del magistrado fue citada a rendir testimonio el próximo viernes ante el ente acusador.

Indagatoria ante el Congreso

Pretelt, nombrado presidente del máximo tribunal del país en relación con la Carta Magna a principios de febrero, se apartó del cargo a comienzos de marzo, cuando la misma Fiscalía abrió una investigación penal en su contra por supuestamente haber pedido un soborno para incidir en una decisión judicial.

Precisamente este viernes, la comisión de acusación de la Cámara de Representantes ordenó "la vinculación formal del señor magistrado (Pretelt), mediante diligencia de indagatoria", al caso de corrupción por el que el magistrado fue señalado.

Pretelt debe comparecer el próximo jueves ante esa instancia del Congreso, donde se espera que dé su testimonio sobre el presunto soborno que solicitó a la empresa Fidupetrol para votar a su favor en una tutela, que finalmente fue fallada por la Corte en contra de esa compañía.

Este viernes, Pretelt insistió en que no renunciará a la presidencia de la Corte pese a las reiteradas peticiones de sus colegas. Además, aseguró que no votó a favor de Fidupetrol en el fallo de tutela y dijo que sacará a su familia del país tras el llamamiento de la Fiscalía a su esposa por el asunto de las tierras.

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En una entrevista con la emisora W Radio, el magistrado denunció por otra parte que el fiscal general, Eduardo Montealegre, está ejerciendo "un acorralamiento" contra él porque no comparte "el alcance que (el fiscal) le quiere dar al proceso de paz" que el gobierno lleva adelante en Cuba con la guerrilla comunista Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

"No logró convencerme de que los guerrilleros que están en La Habana no debían pagar ni un solo día de cárcel", dijo Pretelt, explicando así que la intención de Montealegre es hacerle renunciar para "apoderarse" de la Corte Constitucional y sacar adelante un eventual acuerdo con las FARC.

El ex presidente Álvaro Uribe (2002-2010), férreo opositor a los diálogos de paz con la guerrilla, fue quien postuló en 2009 a Pretelt para magistrado de la Corte Constitucional.

Colombia vive un conflicto armado en el que han participado guerrillas, paramilitares, agentes del Estado y bandas criminales, y que ha dejado al menos 220.000 muertos y más de 5 millones de desplazados, según cifras oficiales.