El autor es ex presidente del Bloque UCR de la Cámara de Diputados de la Prov. de Buenos Aires; fue presidente de la Convención Provincial del Radicalismo bonaerense y secretario de Gobierno de la Municipalidad de Bragado
La desconfianza sustenta la propuesta de una CONADEP para Nisman y su investigación. Las intromisiones del Poder Ejecutivo en abierta contraposición a la Constitución, la parcialidad de la Procuración General y las evidentes presiones -aunque negadas- sobre la Fiscal que investiga la muerte, ameritan una Comisión Independiente.
Pasados unos largos días desde que lo planteáramos, creo oportuno reiterar la propuesta que hicimos el 21 de enero pasado, hay que negarse al olvido y crear una CONADEP para Nisman y su investigación.
Cuando el Secretario de Seguridad llega antes que los investigadores al lugar del hecho, cuando la Procuración General controla y aún falsifica los comunicados de prensa de la Fiscal de Instrucción, cuando al menos dos personas manipularon el arma que terminó con la vida de Nisman y sólo encuentran ADN de éste, cuando la Presidenta de la Nación -por la cadena nacional o las redes sociales- se inmiscuye en la causa, contraponiéndose al artículo 109 de la Constitución, cuando la ex esposa del muerto afirma que no cree en la teoría del suicidio -como no la creen más del 70% de los consultados en sondeos de opinión serios- y aporta lo que pueden ser pruebas de amenazas cumplidas y un equipo de peritos que confirma su tesis, cuando se niegan como parte del expediente borradores de Nisman pidiendo la detención de la Jefa del Estado y a menos de 24 horas se confirma que son parte del mismo, y mientras tanto el Poder Ejecutivo protagoniza una escalada casi alienada de violencia gestual, el Congreso continúa dándole trámite "exprés" a las cortinas de humo del oficialismo y los Jueces se excusan, una Comisión Investigadora Independiente se hace más que necesaria.
Una Comisión Independiente debe ser depositaria además de la Causa AMIA en su conjunto y todas las causas conexas o asociadas, o cual fuere el término aplicable: acusación por encubrimiento de la Presidenta y el Canciller, causa por la muerte del Fiscal Nisman, causa por las amenazas al representante del Ministerio Público fallecido dudosamente y causa por encubrimiento "parada" en el TOC Nº 2 (Menem, Anzorregui y otros), así como todos los documentos desclasificados de la ex SIDE relacionados con estos hechos. Debe asignársele Presupuesto y una sede que, como a aquella que buscó la verdad de los años crueles, debe ser el Centro Cultural General San Martín que depende del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Nos hemos permitido sugerir, para encabezar esa Comisión, dos nombres de juristas de prestigio, valía, valor y coraje cívico, peso y probada independencia que se han desempeñado en Tribunales a nivel penal internacional y los reiteramos: Luis Moreno Ocampo e Inés Mónica Weimberg de Roca. Seguros de los beneficios de la propuesta que formulamos, sumamos otros nombres de posibles integrantes: nuestro Premio Nobel, Adolfo Pérez Esquivel; Monseñor Jorge Cassaretto, obispo emérito de San Isidro y ex presidente de Caritas Argentina; la académica de la Historia María Sáenz Quesada; la científica Mirta Roses Periago, ejecutiva de las Organizaciones Mundial de la Salud (OMS) y Panamericana de la Salud (OPS); la reconocida actriz Norma Aleandro; la doctora Susana Ruiz Cerutti, ex canciller, jurista de nota en derecho internacional y funcionaria de carrera del Servicio Exterior; y los Presidentes de las Academias Nacionales de Derecho y Ciencias Jurídicas de Buenos Aires y Córdoba: doctores Gregorio Badeni y Juan Carlos Palmero, respectivamente; y de Ciencias Morales y Políticas de Buenos Aires, ingeniero Manuel Solanet.
"¿Qué pensar de todo esto? Yo, personalmente, descreo del libre albedrío. Descreo de castigos y de premios. Descreo del infierno y del cielo", escribía Borges en su crónica para la Agencia EFE titulada "Lunes, 22 de julio de 1985", sobre la jornada del Juicio a las Juntas que presenció; y agregaba: "Sin embargo, no juzgar y no condenar el crimen sería fomentar la impunidad y convertirse, de algún modo, en su cómplice".
La política y las instituciones deben ser sensibles al reclamo ampliamente mayoritario de justicia, así será posible recuperar la confianza de los argentinos abriendo la puerta de un nuevo tiempo signado por nuestros mejores valores.
@marceloelias12