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En un nuevo revés para la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, la Justicia suspendió la designación de 1.600 cargos en las nuevas fiscalías que se crearon a partir de la reforma del Código Procesal Penal de la Nación.
La polémica estaba centrada en el Anexo II del proyecto de la Casa Rosada que el Congreso convirtió en ley, que creaba 17 fiscalías, además de 20 defensorías oficiales. Por eso la Unión de Empleados Judicial (UEJN) había pedido una medida cautelar para frenar los nombramientos hasta que se dicte la reglamentación de la nueva normativa.
Finalmente, el Juzgado Contencioso Administrativo 2, a cargo de Esteban Funari, decidió "disponer cautelarmente la suspensión de los efectos de las resoluciones dictadas por la Procuradora General de la Nación vinculadas a las designaciones efectuadas en las fiscalías creadas mediante en Anexo II".
La medida tendrá vigencia "hasta tanto se dicte sentencia de fondo" o se cumpla el plazo máximo de 6 meses que fija la ley para las medidas cautelares, aunque ese lapso es prorrogable.
"De esta manera, el gremio de los trabajadores judiciales ha logrado evitar que la Procuradora General de la Nación y los nuevos fiscales que ella designe dispongan de la facultad de nombrar a dedo a los integrantes que cubrirían los 1.600 puestos de trabajo creados", explicó la UEJN en un comunicado, en el que recordó que sólo 50 de esos cargos deben ser designados por concurso.
"No podemos permitir que la asignación de esos 1.600 cargos se realice violando la carrera judicial y eludiendo el sistema de ingreso democrático", añadió el gremio que conduce Julio Piumato.