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Con el correr de los días crecen los rumores sobre la posible marcha atrás de la implementación del voto electrónico en la Ciudad de Buenos Aires. Las versiones acerca de la eventual suspensión del sistema surgieron desde varios sectores. Entre ellos, el Ministerio Público de la Ciudad, la Defensoría del Pueblo y desde el PRO en la Legislatura porteña.


Incluso trascendió que ya habría una decisión política de las más altas esferas para vetarlo. Sin embargo, un fallo judicial que rechazó un amparo interpuesto por la empresa que perdió la licitación y un comunicado de la Justicia electoral porteña ratificaron –por el momento– la continuidad del flamante sistema de boleta electrónica para que debute en las PASO.


En ese sentido, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad informó este viernes que los "términos y condiciones" y las "normas legales" para las elecciones porteñas "no han experimentado modificaciones".


La ONG Poder Ciudadano fue uno de los primeros en advertir sobre los riesgos de poner en vigencia la nueva metodología de votación en tan poco tiempo. Así lo hizo saber en enero pasado y este viernes reiteró su preocupación e "incertidumbre".


"Ante la falta de información oficial insistimos en la necesidad de que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires informe cómo realizará la adaptación y capacitación en torno a esta tecnología para garantizar el normal desarrollo de los comicios, y por ende su legitimidad", señaló Poder Ciudadano en un comunicado.


En el escrito consideró "injustificada" la celeridad de las autoridades para llevar adelante el proceso, lo que "no permite un margen para la realización de pruebas o adaptaciones del sistema". "No resulta razonable ni positivo para el proceso electoral en su conjunto que el sistema sea modificado a tan poco tiempo de la elección, ya que el cambio de reglas de juego afecta a todos los actores involucrados y puede poner en riesgo la legitimidad de la elección", agregó.


Ante esto, Poder Ciudadano solicitó a las autoridades porteñas "que se revea la decisión de la implementación del nuevo sistema o en su defecto que informe cuál será el plan de adaptación y capacitación que se implementará para garantizar el correcto desarrollo de las elecciones". Además, pidió al Tribunal Superior de Justicia que se le autorice la realización de la observación electoral de todo el proceso.