"La Otra Trama", una red de organizaciones de la sociedad civil que se unieron en torno a la situación de la violencia en el país, presentó días atrás un informe llamado "Crimen Organizado en Argentina: una mirada con perspectiva democrática y desde los Derechos Humanos".


En un contexto en el cual la problemática tiende a analizarse solo desde la coyuntura de las noticias cotidianas, y en el que las causas de este fenómeno complejo suelen asignarse a individuos particulares, quizá lo más destacable del documento es que intenta hurgar los determinantes estructurales del crimen organizado y, fundamentalmente, desentrañar los efectos que tiene sobre las instituciones estatales, en general, y sobre las democráticas, en particular.


El accionar de las organizaciones criminales corroe a las instituciones democráticas y en casos extremos desplaza al Estado, tomando el control de ciertos territorios mediante la violencia y la generación de vínculos de legitimidad con las comunidades, como por ejemplo a través de la distribución de los amplios beneficios que las actividades ilícitas generan. En el mismo sentido, la corrupción -tan necesaria para el crecimiento del crimen organizado- registrada en los diferentes poderes del Estado y en distintos niveles de gobierno disminuye la confianza que la ciudadanía le otorga a las instituciones públicas, lo que genera un menor nivel de participación en las decisiones públicas y un respaldo débil al Estado de derecho. La cooptación estatal por parte de las redes criminales no solo se da mediante el vínculo con los actores políticos, sino también con las fuerzas de seguridad: los casos actualmente bajo investigación en Córdoba y Santa Fe ilustran que en muchas ocasiones son las cúpulas policiales las que actúan como cómplices a cambio de beneficios.


El documento elaborado por "La Otra Trama" también se detiene en el impacto que el crimen organizado tiene sobre los Derechos Humanos. Por una parte, la criminalidad orquestada los afecta de manera lineal por medio de delitos que impactan de manera directa sobre la dignidad de las personas, como es el caso de la trata de personas. No obstante, también existen una variedad de mecanismos indirectos: muchas veces el propio Estado, en su afán por perseguir al crimen, termina afectando los derechos de los integrantes de los eslabones más bajos de las redes criminales, en general pertenecientes a grupos vulnerables de la sociedad. Por eso mismo, el informe también dedica una sección a repasar políticas públicas contra el crimen organizado que tuvieron efectos positivos y negativos en todo el mundo, no con el objetivo de replicar experiencias en Argentina pero sí para tenerlas en cuenta a la hora de diseñar la política contra la delincuencia.


Otra de las peculiaridades del documento presentado es su afán por aportar datos a la discusión en torno al crimen organizado. Si bien Argentina cuenta con una de las tasas de homicidios más bajas de la región -5,5 cada 100 mil habitantes, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito- lo cierto es que ese número esconde grandes desigualdades regionales, en donde las zonas más candentes son justamente las más afectadas por disputas entre bandas criminales. Así, por ejemplo, Rosario pasó de tener 89 homicidios en 2004 a más de 220 en 2013, elevándose de esa forma la tasa de homicidios a 15,1 cada cien mil habitantes. También en lo vinculado al narcotráfico, el informe detalla cómo se incrementaron las incautaciones de diversas drogas en los últimos años. En particular, mientras que en 2004 se secuestraron poco más de 3 toneladas de cocaína, el valor ascendió a más de 12 en 2009. Al mismo tiempo, diversos informes de la SEDRONAR detallan que la cantidad descubierta de laboratorios clandestinos dedicados al procesamiento de drogas se ha acrecentado fuertemente, en particular los asociados a la cocaína, pero también algunos dedicados al tratamiento de drogas sintéticas.


Además de efectuar un detallado diagnóstico sobre el narcotráfico, la trata de personas y el venta de armas –los tres delitos más lucrativos a nivel global- en Argentina, y de poner especial atención en el deficiente tratamiento que del tema realiza el Poder Judicial, el trabajo expone una serie de lineamientos que pretenden ser útiles para quienes tienen responsabilidades en la toma de decisiones, haciendo énfasis en la necesidad de abordar la problemática mediante un enfoque multiagencial. Las políticas contra el crimen organizado deben guiarse por un modelo preventivo más que reactivo y tener como horizonte la reducción de daños, bajo una perspectiva que ponga el foco en las personas y transforme al combate a la criminalidad en un medio para alcanzar una mejor calidad de vida, no un fin en sí mismo.


El crimen organizado se metió de lleno en la agenda pública y es utilizado con fines electorales por diferentes candidatos presidenciales. En este contexto resulta crucial acercarse al asunto con la profundidad que amerita. El informe de "La Otra Trama" se erige como un aporte indispensable para un abordaje del crimen organizado basado en la evidencia, sin caer en minimizaciones ni en versiones agigantadas del fenómeno. Como el mismo el trabajo sostiene, el desarrollo "del crimen organizado en el país es lo suficientemente grande como para ocuparse indispensablemente de la cuestión, pero afortunadamente, aún no está lo suficientemente expandido como para ser irreversible". Que este flagelo se incremente o disminuya dependerá, en gran medida, del fortalecimiento de las instituciones democráticas y de la responsabilidad con que la sociedad civil aborde la temática de aquí en adelante.

El autor es Licenciado en Ciencia Política de la Universidad de San Andrés