Mujica quiere que su mujer sea intendente de Montevideo

El martes, la Dirección Nacional del Movimiento de Participación Popular (MPP), resolvió que la líder del partido, la senadora Lucía Topolansky, será candidata a la Intendencia Municipal de Montevideo en mayo por el Frente Amplio.

El presidente, José Mujica, hará campaña por su esposa como "un militante más" ni bien deje la investidura el 1º de marzo, según dijo el dirigente y primer diputado del sector por Montevideo, Alejandro Sánchez.

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"Estamos haciendo oficial la candidatura de Lucía Topolansky a la Intendencia de Montevideo bajo dos condiciones que las puso como temas fuertes Lucía para aceptar la candidatura. La primera de ellas es que para nosotros la campaña hacia mayo es fuertemente frenteamplista. Por supuesto que hay competencia pero no puede haber agresiones entre los compañeros. La segunda es que más allá de los apoyos de los candidatos haya un compromiso político de gobernar Montevideo poniendo los mejores al Frente sin condicionar los apoyos a la candidatura con cargos posteriores", afirmó Sánchez en declaraciones recogidas por El Observador.

Aunque entre los socialistas esperaban la candidatura de Topolansky, el hecho fue tomado con cautela en ese sector por el caudal electoral del núcleo mujiquista, afirmaron al mismo periódico fuentes socialistas.

El oficialismo aplazó la votación del nuevo Código Penal

El texto, que cuenta con el apoyo del Frente Amplio (FA) y del Partido Nacional (PN), fue criticado por más de 40 organizaciones sociales, entre las que figuran Amnistía Internacional y el Observatorio de Políticas Públicas de Derechos Humanos en el Mercosur.

Diputados de ambas formaciones se mostraron convencidos de la necesidad de aprobar el texto antes de que finalice la actual legislatura, el próximo febrero, mientras que desde el Partido Independiente (PI) consideraron que se trata de un tema de importancia cuya votación deberá ser aplazada hasta el próximo periodo de Gobierno.

Con el voto a favor de 60 de los 76 diputados presentes en la sala, el texto volverá a ser estudiado en comisión, después de que el pasado 22 de diciembre ya sufriera un aplazamiento de su votación para este lunes.

Diferentes organizaciones sociales denunciaron recientemente las disposiciones vinculadas a la violencia doméstica, explotación sexual y trata de personas, porque a su juicio implicarían "un retroceso en la agenda de derechos que el país se jacta de haber incorporado".