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El gobierno nacional decidió sancionar a ocho automotrices con diversas multas que sumadas superan los $1.000 millones, a través de la resolución 271 emitida por la secretaría de Comercio que lidera Augusto Costa.
Las penalizaciones, cuya notificación ya circula entre las terminales y será publicada en las próximas horas en el Boletín Oficial, fueron aplicadas por "concertación de precios" en perjuicio de los consumidores en las ventas de vehículos en Tierra del Fuego.
Los montos de las sanciones -adelantaron los diarios Clarín y La Nación- son de $150 millones para Fiat, Ford, General Motors, PSA (Peugeot y Citroën), Renault y Volkswagen; mientras que Toyota deberá desembolsar $104 millones y Honda unos $56 millones.
La decisión de la secretaría de Comercio es consecuencia de una causa iniciada ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia en 2008 por consumidores de Tierra del Fuego: los afectados denunciaron que desde 2002 las empresas vendieron decenas de miles de autos al mismo precio que en el resto del país, cuando en la provincia del sur rige el régimen de promoción económica, que disminuye los impuestos de muchos productos (no pagan IVA ni aranceles de importación), algo que debería reducir el valor final de los vehículos.
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El argumento oficial es que las empresas acordaron fijar precios mayores a los que deberían haberse vendido los autos, pero las empresas aseguran que comerciar en la isla tiene otros costos, y que las multas son consecuencia de la mala relación entre las automotrices y el kirchnerismo que se extendió durante todo el año.
Desde el sector automotriz rechazan las acusaciones y aducen que las ventas internas tienen otros costos que justifican los precios en la isla. "Han utilizado comparaciones de precios cobrados por las mismas unidades en exportaciones a Brasil, como si los costos y otros factores fueran los mismos", argumentaron.
Además los empresarios entienden que la sanción es una represalia del Gobierno por haber "encanutado" autos, como acusó Cristina Kirchner a las terminales. En términos similares se había expresado el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, quien incluso acusó a las automotrices de boicotear el plan ProCreAuto.