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La Asamblea General de la ONU aprobó la creación de una comisión especial para negociar a lo largo de 2015 un marco legal internacional que regule los procesos de reestructuración de deuda soberana.
La medida está incluida en una resolución que detalla cómo debe llevarse a cabo todo ese proceso y que fue adoptada con 128 votos a favor, 16 en contra y 34 abstenciones.
El texto, propuesto por Bolivia en nombre del Grupo de los 77 más China, se encontró con la oposición de Estados Unidos, Japón y parte de los miembros de la Unión Europea, entre otros.
Todos ellos habían votado ya en contra de la resolución que el pasado 9 de septiembre demandó la creación de un marco para regular los procesos de reestructuración de deuda soberana, impulsada a raíz del caso que enfrenta a Argentina y los holdouts.
El canciller Héctor Timerman calificó como "un triunfo" para la posición argentina y del G77 más China la votación llevada adelante en la ONU por el "apoyo masivo" que obtuvo la postura.
"La enorme presión que recibieron muchos países por parte de algunos organismos internacionales, el apoyo abrumador hacia la posición de Argentina y el G77 indica que otra vez tuvimos un triunfo", agregó Timerman.
El Canciller además destacó que "estamos muy contentos porque se discutió la forma en que se va a negociar el marco regulatorio a partir del 1 de enero próximo".
Según lo aprobado por la Asamblea General, las negociaciones se llevarán a cabo en una comisión especial en la que podrán participar todos los Estados miembro y observadores de la ONU y que se reunirá en Nueva York al menos tres veces, en periodos de tres días, en enero, mayo y junio/julio.
Esa comisión será la encargada de proponer a la Asamblea un texto antes de que finalice su actual periodo de sesiones, durante la primavera de 2015.
En las discusiones, señala la resolución, se tendrán en cuenta los aportes de instituciones como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial, entidades financieras y expertos del mundo académico, entre otros.
La embajadora argentina ante la ONU, María Cristina Perceval, destacó que el mecanismo aprobado permitirá a las Naciones Unidas y sus países miembro "debatir con apertura, pluralismo, respetando todas las opiniones" y "en igual condición de trato y dignidad".
Aunque el texto obtuvo el apoyo de una clara mayoría, varios representantes expresaron su fuerte oposición, no tanto por las modalidades elegidas, sino por el objetivo final del proceso, y dijeron que no serán parte de las negociaciones.
"Ni la Unión Europea ni sus Estados participarán en discusiones con el objetivo de establecer un marco multilateral jurídicamente vinculante para los procesos de reestructuración de deuda soberana", señaló una representante de Italia en nombre de los Veintiocho. En la votación, algunos miembros del bloque se opusieron al texto, mientras que otros -como Italia y España- optaron por la abstención.
La UE, al igual que Estados Unidos, Japón y otros países, considera que otros foros como el FMI y no la ONU son el lugar adecuado para responder a los problemas de deuda soberana.
En una conferencia de prensa, el embajador de Bolivia ante la ONU, Sacha Llorenti, consideró que la oposición de algunos países a que el asunto sea tratado en la Asamblea General responde a que estos disponen de más poder en el FMI.
"16 países han votado en contra de esta resolución. Esos 16 países representan el 8% de los votos en la Asamblea General, pero esos 16 países representan el 45% en el FMI. Ahí está la respuesta", señaló.
Perceval, que también defendió el carácter democrático de la Asamblea, aseguró que Argentina hará todo lo posible para que "todos los miembros de la comunidad internacional participen en este debate".
Para la embajadora, la creación de un marco legal para las reestructuraciones de deuda es algo "imperativo" y reclamado por "muchas voces" de la comunidad internacional".