Tras el fracaso en Diputados al intento de sacar dictamen del proyecto que despenaliza el aborto el pasado miércoles, varias fueron las voces que se alzaron y continúan alzándose con posturas tanto a favor por el derecho a la mujer a decidir la interrupción del embarazo, como los que afirman estar "a favor de la vida por nacer".
Dora Martínez, miembro de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, destacó en los estudios de InfobaeTV que "en este país hay 1200 abortos por día y más de 500.000 en el año que se hacen. Lo que pasa es que hay mujeres que tienen capacidad de pago, más allá del credo o la fe. Pagando unos $10.000 o $15.000 acceden a la intervención y la práctica del aborto".
Respecto de las mujeres de bajos ingresos que deciden la interrupción del embarazo, afirmó que "están excluidas del sistema y hacen la práctica de manera casera o acceden de una manera insegura, y esa práctica puede llegar a la muerte. Además, cuando llegan al hospital son criminalizadas. Hay que hacer algo por terminar con esas muertes".
Sobre la postura de la Campaña de que es miembro, dejó en claro que "la legalización de la práctica no significa que la población que no está de acuerdo esté obligada. La población que no está de acuerdo continúa con la decisión que tome y no está impedida. Va a terminar con este flagelo de la cantidad de muertes por abortos que se pueden evitar".
Sin embargo, quien se mostró en forma contraria fue Roberto Castellanos, de la ONG Pro-Vida, quien además de cuestionar la cifra de mujeres que realizan esa intervención, explicó que el flagelo del aborto es ser "la principal causa de muerte infantil". "Si es que las cifras son ciertas, porque suenan infladas, estamos hablando de 500.000 argentinos muertos por año. Es un genocidio en términos jurídicos, políticos y morales. Legal o ilegal, el aborto mata igual", aseveró.
"Nos obligan a los que no estamos de acuerdo a financiar con nuestros impuestos una política criminal", lanzó al referirse a la posibilidad de que se legalice la práctica.
Por su parte, Maru Lopes, del Movimiento Socialista de los Trabajadores, explicó que "nosotros no estamos a favor del aborto, no es una experiencia agradable. El tema es cómo hacer que no se llegue a esa instancia. En España, lo que pasó, es que se redujo el número de embarazos no deseados, porque había mayor educación sexual, un nivel de salud pública que atendía las problemáticas de las mujeres".
Sobre el peso de la decisión del padre al momento de decidir la interrupción del embarazo, Martínez fue clara al expresar que "el derecho es de la mujer, porque pone el cuerpo y porque más allá de un acuerdo que pueda existir, también piensa de qué manera va a continuar esa gestación y el futuro. Es una decisión personalísima".
En la misma postura, Lopes aseguró que "la realidad es que el varón se puede ir y el bebé lo tenemos siempre nosotras". Ante esto, Castellanos explicó que "el principal afectado no tiene voz ni voto. ¿Dónde está legislado que la madre tiene derecho a matar a su hijo? Es un disparate. Hacemos una defensa integral de la vida".
Laura Velasco, integrante de Mujeres de la Matria Latinoamericana, por su parte, detalló que según cifras del Ministerio de Salud "hay 100 mujeres que mueren por año por abortos clandestinos, y son unas 70.000 las que llegan a hospitales con complicaciones".
"No estamos en contra de la vida", aclaró, "lo que planteamos es que la muerte de mujeres es muy injusta, y es casi justicia social porque casi siempre son las más pobres a las que los abortos clandestinos las llevan a la muerte. Hay que tratar de trabajar en la educación sexual y en la entrega de anticonceptivos para no llegar a ese lugar".