Piden que no prescriba un caso de corrupción en el que están imputados Jaime y Uberti

Claudio Uberti dejó el gobierno allá por 2007 inmerso en uno de los primeros grandes escándalos de corrupción del kirchnerismo: la valija de Antonini Wilson. En julio de 2009, Ricardo Jaime dejó su cargo de secretario de Transporte por el mismo motivo: corrupción. Se había revelado que usaba como propio un avión de 4 millones de dólares.

Jaime y Uberti tienen otras cosas en común. Por ejemplo, que conocían a Néstor Kirchner desde los fríos tiempos patagónicos. Y que son co-imputados en un caso de corrupción.

Uberti era conocido como el "señor de los peajes". Porque estaba al frente del órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI). A esa repartición fue a parar un auto de alta gama que debía usarse-según el pliego de licitación- para controlar que una empresa cumpliera con las condiciones establecidas para dar el servicio de ruta con peaje.

Pero el auto fue usado por Jaime. Para ir al trabajo y para ir a pasear. Y para el fiscal eso es un delito. Ambos, Jaime y Uberti, fueron imputados por el delito de peculado de uso.

Jaime está imputado también por otro caso similar. Usó para su beneficio particular otro auto de alta gama que una empresa que hacía uno obra pública ferroviaria destinó para que se controlara el avance de la construcción.

Es decir que para el fiscal Rívolo Jaime usó para beneficio propio dos autos que estaban bajo la órbita del Estado y tenían otros fines. Uno de ellos se lo cedió gentilmente Uberti.

Desde que comenzó el caso en 2012 el fiscal sostuvo que el delito era el de peculado de uso. En aquel entonces el juez era Norberto Oyarbide. Luego asumió Sebastián Casanello quien llamó a indagatoria a Jaime y a Uberti. Y lo hizo por el delito de peculado que tiene una pena máxima de diez años de prisión. Uberti pidió la prescripción. Casanello se la rechazó y mantuvo la calificación originaria. El caso llegó a la Sala I de la Cámara Federal que respaldó la calificación de Rívolo y lo decidido por Casanello. Pero luego Casanello revisó su decisión y entendió que a Jaime y Uberti les cabría la calificación de malversación que tiene una pena máxima de tres años. La Cámara habilitó -luego de aquella decisión- la discusión sobre la prescripción del caso.

Rívolo sostiene que no corresponde porque desde siempre se investigó el caso por peculado (artículo 261 del Código Penal). El fiscal tiene que opinar en el caso que alguien pida la prescripción. Y por eso Rívolo sostuvo que el caso está vigente. Explicó en su escrito, al que accedió Infobae en fuentes judiciales, que desde el comienzo de la causa se investigó un delito y nada cambió desde entonces para modificar la calificación. Rivolo señaló que "no puede obviarse que si la calificación legal que prima facie correspondiera asignar fuera la que ahora sorpresivamente sostiene (el juez Casanello) contemplada en el artículo 260 del Código Penal, la acción penal se habría encontrado extinta por prescripción antes de que se requiriera la instrucción de las presentes. Así el nombrado no hubiese tenido que soportar el curso de un proceso penal en su contra, que se remonta al mes de abril de 2012 y que pese a haber sido indagado el 16 de diciembre de 2013, aun no ha visto resuelta su situación procesal, ni se ha registrado luego ningún avance en el proceso que demuestre una base fáctica diferente a la conocida a su inicio, que a su vez devenga en una cambio de calificación-artículo 260- en orden a la cual la acción se encontraría prescripta".

Para Rívolo, Uberti debe ser procesado tal como lo ha pedido en diferentes ocasiones. Lo mismo que, según el fiscal, le corresponde a Jaime.