"Nadie va a ser expulsado del país por colgarse del cable"

El gobierno nacional anunció el martes que enviará un proyecto para reformar el Código Procesal Penal y sorprendió con el impulso de una medida a la que siempre se opuso: la aplicación de normas más duras contra los extranjeros que delinquen.

La decisión provocó numerosas adhesiones (incluso de la oposición), pero encendió una nueva polémica porque dejó un resquicio para la crítica de los que entienden que la medida contradice el espíritu de inclusión del que siempre se ufanó el kirchnerismo.

La presidente Cristina Kirchner adelantó en su discurso que las personas foráneas que sean "sorprendidas in fraganti en la comisión de un delito van a ser expulsadas" de la Argentina si su situación migratoria es irregular y "no van a poder reingresar al país en 15 años". Y luego de diversos análisis mediáticos, el secretario de Justicia salió a aclarar el alcance de la medida que será aplicada si la reforma obtiene aval parlamentario.

"No se va a aplicar a delitos insignificantes, nadie va a ser expulsado del país por colgarse del cable", aclaró Julián Álvarez en una entrevista con Página/12. "El articulado dice lo siguiente: cuando un extranjero, en condición irregular, no cualquier extranjero, comete un delito en flagrancia, es decir que lo agarran con las manos en la masa, en el momento en que lo está cometiendo, ¿qué salida le vas a dar? La expulsión del país", repasó.