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El gobierno mexicano anunció este lunes importantes recompensas por pistas sobre 43 estudiantes desaparecidos hace más de tres semanas tras un ataque de policías y sicarios en Iguala (sur), aunque sus familias se mantienen escépticas sobre la investigación.

En un desplegado publicado a doble página en diarios de circulación nacional se ofrece hasta "1.500.000 pesos mexicanos (poco más de 108.000 dólares) a quien o quienes proporcionen información veraz y útil".

El anuncio contiene además fotografías en blanco y negro de los jóvenes de la escuela de formación de maestros de Ayotzinapa, un poblado vecino a Iguala, ambas en el convulso estado de Guerrero.

El aviso ofrece otra recompensa por el mismo monto "para la identificación, localización, detención o aprehensión de los probables responsables" de la desaparición.

El gobierno aseguró que la información que se obtenga por este medio será "estrictamente reservada y confidencial".

Este mismo lunes, representantes de los familiares de los 43 estudiantes reiteraron su escepticismo sobre las investigaciones tras sostener una reunión con el secretario de Gobernación (Interior), Miguel Ángel Osorio Chong, y el fiscal general, Jesús Murillo Karam, en el aeropuerto de Acapulco, también en Guerrero.

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Familiares ven alejada la verdad

"No creemos en los resultados (de las investigaciones) hasta ahorita porque no hay nada que nos acerque a la verdad, y los jóvenes siguen desaparecidos. Hoy tratamos de confiar en el gobierno federal pero los resultados no nos satisfacen", dijo a la prensa Felipe de la Cruz, familiar de uno de los estudiantes.

En la reunión realizada en un hangar privado, Osorio Chong y Murillo Karam "nos explicaron las detenciones que habían hecho, las líneas de investigación que había del caso (pero) eso no es de gran importancia. No nos deja conformes", manifestó a su vez David García, representante de la sociedad estudiantil de Ayotzinapa.

Vidulfo Rosales, asesor legal de los familiares, reveló por su parte que el secretario de Gobernación y el fiscal les dijeron que una de las líneas de investigación es la posible estigmatización de los estudiantes de esa escuela entre varios sectores de Guerrero a raíz de las movilizaciones que han emprendido durante años para exigir mejores condiciones para su gremio.

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Autoridades locales infiltradas

Los estudiantes están desaparecidos desde la noche del 26 de septiembre, cuando fueron atacados a tiros por sicarios del cártel local Guerreros Unidos y policías municipales de Iguala, adonde se habían trasladado para recaudar fondos.

El gobierno ha desplegado en la zona más de 900 elementos de la policía federal además de 350 militares, y sigue en la búsqueda de posibles responsables del crimen, como el entonces alcalde de Iguala -ahora revocado del cargo- y su esposa.

El domingo, el gobierno federal asumió además la seguridad de 12 municipios de Guerrero, más la de la turística localidad de Ixtapan de la Sal, situada en el vecino Estado de México, cuyo director de Seguridad Pública, Efraín Pedroza, junto con otro alto mando, fue detenido por presuntos nexos con el crimen organizado.

En instituciones de esos municipios, "hay, de acuerdo a las investigaciones, evidencias de infiltración del crimen organizado", dijo este lunes el presidente Enrique Peña Nieto durante un discurso pronunciado en el estado de Veracruz (este).

La angustiosa espera ha despertado la rabia de familiares y compañeros, que casi a diario encabezan protestas.

La espera despertó la rabia de familiares y compañeros, que casi a diario encabezan protestas

La madrugada del lunes, jóvenes encapuchados irrumpieron en instalaciones del gobierno de Guerrero en la capital estatal, Chilpancingo, quemando computadoras y archivos y realizando pintadas que exigen que los estudiantes sean hallados "vivos".

A raíz de declaraciones de detenidos, entre ellos 17 presuntos miembros de Guerreros Unidos y 36 policías de Iguala y la vecina Cocula, las autoridades han hallado varias fosas clandestinas con numerosos cadáveres, algunos desmembrados y carbonizados, donde se teme que pudieron ser enterrados los estudiantes.

La Fiscalía general ha realizado pruebas de ADN a los primeros 28 cadáveres exhumados y asegura que ninguno de ellos corresponde a los estudiantes.

Sin embargo, el sacerdote y reconocido defensor de los derechos humanos Alejandro Solalinde aseguró la mañana de este lunes en entrevista con MVS Radio que varios testigos le confesaron que "todos" los estudiantes fueron asesinados, algunos de ellos quemados vivos. Por la tarde aseguró que la Fiscalía no accedió a recibir de forma oficial dicha declaración.