Julián Álvarez: "Es una barbaridad decir que el Gobierno busca anular las causas por corrupción"

En los próximos días, el gobierno nacional enviará al Congreso su proyecto de Código Procesal Penal. Aunque el texto en su conjunto aún no se conoce, en los últimos días comenzó a trascender que algunos artículos facilitarían que funcionarios acusados por corrupción puedan ser eximidos por las demoras en las causas en su contra. Pero el oficialismo salió a negar esa posibilidad.

"Cuando mandamos la Ley del Consumidor, decían que íbamos a entrar a los campos. Cuando mandamos el Código Civil, que íbamos a pesificar los depósitos. Ahora están diciendo que el Gobierno busca anular las causas por corrupción y barbaridades de estas características", señaló el secretario de Justicia, Julián Álvarez.

La polémica principal se da por los artículos 105 y 106 que, según la redacción del borrador que circuló en algunos ambientes, establecen que la instrucción penal deberá durar un año como máximo: si las causas no se resuelven en ese plazo, podrá dictarse la falta de mérito de los acusados. Esta propuesta genera adhesiones porque va en línea con la idea de tener una Justicia más veloz, pero quienes se oponen advierten que esto sería una bomba de tiempo en los casos de corrupción, porque en general las causas por este tipo de hechos suelen durar varios años hasta tener un fallo.

Álvarez, segundo en la línea de mando del Ministerio de Justicia, insistió en que denuncias de ese tipo son "cortinas de humo", ya que en realidad del proyecto lo que intenta es acelerar las causas penales al exigir mayor celeridad, dar mayores poderes a los fiscales y quitar funciones a los jueces.

"Todos los proyectos de toda la academia y toda la jurisprudencia dicen lo mismo: piden que al fiscal le toque investigar y al juez le toque resolver. El juez, ahora, aparte de resolver, investiga. Así no puede valorar su propia prueba", recordó, en una entrevista con Canal 7.

Más allá de que se prevé un arduo debate, el oficialismo no tendría problemas para juntar los votos necesarios para convertir en ley el nuevo Código Procesal Penal. Pero una vez aprobado no se pondrá en marcha de inmediato, sino que habrá que trabajar en su implementación. A modo de ejemplo, Julián Álvarez recordó: "En Chile hay un organismo que está funcionando hace cuatro o cinco años y lo van implementando zona por zona".