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Al gobierno de Nicolás Maduro le llueven cada vez más críticas por haber encarcelado al dirigente Leopoldo López, a los ex alcaldes Daniel Ceballos y Enzo Scarano y a centenares de estudiantes y manifestantes que participaron de las protestas antigubernamentales iniciadas en febrero.

Esta semana, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, pidió con nombre y apellido por la liberación de López, durante una conferencia paralela a la 69° Asamblea General de la ONU. Su pedido se suma a los ya hechos por el papa Francisco y el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, que piden diálogo y reconciliación entre el Gobierno y la oposición.

"La oposición no se puede sentar a la mesa cuando están presos una cantidad de dirigentes que, aunque quizás no querían ir al diálogo, son parte de la oposición", afirmó Insulza.

El sábado, el presidente de Perú, Ollanta Humala, también se sumó al pedido. Tras manifestar su preocupación por la crisis política que atraviesa el país, reivindicó el derecho de los venezolanos a protestar.

"Estamos permanentemente tratando de acompañar en lo posible a Venezuela para que encuentre su camino en paz, en democracia, respetando la libertad de expresión y respetando el derecho de la gente a salir a la calle y opinar lo que quiera", dijo el mandatario peruano en una entrevista con La Voz de América.

Según recoge un artículo de El Nacional, la oposición abogó internacionalmente por los presos políticos, con contactos a senadores republicanos y demócratas estadounidenses, visitas a parlamentos del mundo y el viaje de Lilian Tintori a la ONU.

La Asamblea de la ONU fue un momento oportuno para hacer las exigencias, e incluso fuera, con una manifestación hecha contra el gobierno el viernes pasado.

 AFP 163
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El director de Espacio Público, Carlos Correa, aseguró que ha crecido la preocupación internacional por lo que ocurre en Venezuela porque la violencia y la conflictividad evidencian que las instituciones democráticas no están funcionando, de acuerdo con el mencionado periódico.

"El Estado tiene un déficit en derechos humanos. Su política ha sido de confrontación desde la denuncia de la Convención Americana. Hay inquietud sobre la presencia de Venezuela en el Consejo de Seguridad porque no se permite la visita de los relatores y no se dan garantías a quienes acuden al sistema internacional de derechos humanos. Es complicado que los actores políticos se sienten a conversar sin percibir soluciones", dijo.