Capturan a narco colombiana que descuartizaba a sus víctimas

La integrante del Clan Úsuga fue detenida en Chile y comparecerá en las próximas horas ante la justicia de su país. Es propietaria de una vivienda que se utilizó para torturas y desmembramientos

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Fanny Grueso Bonilla, alias La Chily, de 33 años, era requerida por Interpol en 190 países por homicidio agravado, fabricación, tráfico y porte ilegal de armas, desaparición forzada y narcotráfico. Según la Policía de Colombia, es propietaria de una vivienda en la Comuna Uno de Buenaventura, en la que se realizaban crímenes como tortura y desmembramientos.

Colombia destacó este jueves la cooperación internacional que permitió localizar y apresar a Grueso Bonilla, "incluida en el cartel de los delincuentes 'Más buscados' de Buenaventura como integrante del Clan Úsuga", según un comunicado del Ministerio de Defensa.

Las autoridades señalan que 'La Chily' comenzó su carrera delictiva a los 15 años en el Frente 30 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). En 2004 abandonó la guerrilla para sumarse a las milicias irregulares de extrema derecha Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y cuatro años después se desmovilizó y se unió a las "bacrim", las bandas criminales emergentes en Colombia desde 2006, integradas por narcotraficantes y ex paramilitares.

En 2009 ya integraba La Empresa, brazo armado de Los Rastrojos en Buenaventura y en 2010 estuvo presa por fabricación, posesión y tráfico ilegal de armas de fuego, municiones y explosivos.

"Desde el año 2012 forma parte del Clan Úsuga, donde ejercía control territorial en la Comuna Uno, que reúne la principal actividad productiva de Buenaventura, extorsionando a comerciantes principalmente", señaló la policía.

Sobre Grueso Bonilla pesan dos procesos en Colombia por concierto para delinquir agravado, así como una investigación penal por narcotráfico en Chile.

La existencia de "casas de pique", como se denomina a los lugares en Buenaventura (Valle del Cauca) donde miembros de las bacrim descuartizan personas vivas o muertas, fue denunciada a principios de 2013 por un obispo católico, pero la crisis de violencia aún persiste en la región.