Fuerte rechazo de la Cámara de la Construcción a la ley de control empresas

El presidente de la Cámara Argentina de Construcción es uno de los principales referentes que se alzó en contra de los cambios a la Ley de Abastecimiento. Desde su lugar en el G6, acompañó las críticas del industrial Héctor Méndez, que llegó a comparar al Gobierno con la dictadura militar.

Esta posición le generó problemas internos a Weiss, quien tuvo que dar explicaciones en el seno de la construcción. "Quedamos a la derecha de Etchevehere", le reclamaron sus pares en privado. Es que cuando surgió la polémica por los dichos del presidente de la Unión Industrial, uno de los empresarios que marcó distancias fue el líder de la Sociedad Rural.

Desde el Gobierno también están enojados con la postura de Weiss. Es que pese al deterioro general de la economía, los grandes jugadores del sector ya se aseguraron importantes obras para los próximos años. Una de ellas es la contrucción de las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernick, en Santa Cruz, por u$s4.700 millones. Este proyecto quedó en manos de Electroingeniería.

"En realidad esta ley no cambia nada y mucho menos para el sector de la construcción. Weiss se está sumando a una pelea de un sector empresario con el Gobierno y para nosotros eso no es negocio en este momento", aseguró un experimentado constructor que tiene varias obras públicas en el curriculum.

La diputada oficialista Diana Conti admitió en el Congreso que uno de los objetivos de la ley es regular la venta de granos que acopian los productores rurales. La propia legisladora dijo después que la entendieron mal. Sin embargo, la construcción no aparece como uno de los rubros "amenazados" por la iniciativa.

Además de la Cámara de Construcción, el G6 está integrado por la Sociedad Rural, la Cámara de Comercio, la Asociación de Bancos, la Bolsa de Comercio y la UIA. Con diferentes documentos públicos, en las últimas semanas alzó su voz contra el avance del Estado sobre la propiedad privada y los efectos negativos en la economía de la ley que promulgó este viernes el Poder Ejecutivo.

Es más, en las últimas horas ratificaron que irán por la inconstitucionalidad de la norma. Para ello necesitan que el Gobierno la aplique y se abra un caso particular en los tribunales argentinos. De acuerdo a las leyes vigentes, no se puede dictar la invalidez de una norma del Congreso en abstracto.