El fin del cepo apunta a impulsar el crecimiento del comercio exterior y las ganancias de las empresas para reactivar la inversión y el empleo 162
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La Organización Mundial del Comercio (OMC) falló en contra de la Argentina en una disputa iniciada por la Unión Europea, Estados Unidos y Japón por las trabas comerciales aplicadas por el país sudamericano. Estas tres naciones argumentaron que la Argentina no concedió licencias de forma automática a los importadores, según disponen las normas de la OMC, y esto le permitió proteger su "frágil economía", según consignó la agencia Reuters.


DyN
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El secretario de Comercio, Augusto Costa, ya adelantó que el Estado trabajará para revertir el pronunciamiento de la OMC. Pero no están previstos cambios en el esquema de administración del comercio. Muestra de ello es que en las últimas semanas aparecieron más quejas de importadores, que encuentran profundas trabas para ingresar determinados productos. Una de las políticas princiaples del Banco Central es el resguardo de los dólares para el pago de energía y deuda, en medio de una complicada situación externa para la Argentina por el conflicto con los tenedores de bonos de la deuda.


El máximo tribunal al que recurrirá la Argentina es muy activo, ya que dos de cada tres casos se apelan en la OMC. Está compuesto por siete miembros, aunque interinamente son seis, tras la jubilación del sudafricano David Unterhalter.


El panel de expertos publicó hoy el dictamen en contra de la Argentina y abrió una instancia para las apelaciones que se extenderá por 90 días. Una vez que Argentina recurra el fallo, la OMC tendrá un mes más para estudiar el caso y ratificarlo o cambiarlo, por lo que la sentencia final se conocerá recién hacia fines de 2014. Si Argentina pierde este recurso y mantiene sus restricciones comerciales, los demandantes pueden pedir a la OMC autorización para aplicar sanciones.


Con todo, hay dos escenarios posibles. Uno es que el fallo final solicite cambios en el sistema de DJAI o que directamente se elimine por completo. En el peor de los casos, el país contará con un año para adecuarse al requerimiento, por lo que será finalmente el próximo Gobierno que tendrá que abordar el tema en su agenda.