Sin el apoyo de los sindicatos, el macrismo logró imponer el Instituto de Evaluación Docente

Con 38 votos del PRO, casi todo el bloque UNEN y el partido de Graciela Ocaña (Confianza Pública), el macrismo logró imponer en la Legislatura porteña la creación del Instituto de Evaluación Docente para la red de escuelas de la Ciudad. Las críticas de los sindicatos docentes y la oposición no tardaron en llegar, y en general apuntaron a que el instituto puede recibir financiamiento privado, con lo que el Ministerio de Educación perdería el control sobre el proceso de calificación.

"Este jueves la educación pública y gratuita en la Ciudad de Buenos Aires retrocedió a la década del noventa para aplicar una ley propia del neoliberalismo a ultranza. Esta fortalece la figura de la educación privada y la consolidación de instituciones confesionales, con tarifas subsidiadas en detrimento del financiamiento de entidades públicas y gratuitas", lamentó la legisladora Virginia González Gass (PSA), la única legisladora de UNEN que se opuso.

"El mismo Estado que desfinancia la educación pública, empujando al derrumbe edilicio, la falta de vacantes y la caída de los salarios, pretende erigirse en 'evaluador' y colocar en el banquillo a los docentes", cuestionó, por su parte Marcelo Ramal, del Frente de Izquierda. "Este control empresarial de la tarea docente es la punta de lanza de una transformación también empresarial de la escuela pública, dirigida a degradar sus contenidos y adaptarlos a las necesidades cambiantes del mercado capitalista. Quieren convertir a la escuela pública en un Mc Donald's", añadió.

"Detrás del término de calidad educativa se intenta nuevamente seguir profundizando la política privatista en la educación", completó Alejandro Bodart, del MST.

Para lograr el apoyo de UNEN y Confianza Pública, el PRO modificó algunos aspectos de la ley original. Por ejemplo, se cambió la idea de que el instituto fuera autárquico y se lo transformó, en cambio, en un organismo descentralizado. "Es un proyecto superador", opinó Ocaña.

No obstante, la modificación no estuvo exenta de cuestionamientos. "Es lo mismo, solamente es un nuevo proyecto maquillado del PRO porque al contar con una personería jurídica va a poder recibir financiamiento externo también", opinó la diputada kirchnerista Lorena Pokoik.

Afuera de la Legislatura se concentraron los gremios docentes, que rechazaron masivamente la iniciativa. "No hay educación sin evaluación, pero la evaluación no se puede tercerizar a empresas privadas, estatales o extranjeras, porque la tiene que regir el Gobierno de la Ciudad, que es el receptor de la voluntad popular", analizó Eduardo López, el secretario general de UTE, que en un comunicado habló de "intento de privatización de la evaluación docente".

"¿Cómo hace un instituto autárquico y externo para evaluar el rendimiento del docente en el cumplimiento de los objetivos si no participó de la confección de esos objetivos? Nos hace ruido porque no queda claro quién va a trazarlos, si el Ministerio de Educación como ahora u otra cosa", se preguntaron desde la Unión de Docentes Argentinos (UDA).

De la protesta también participaron el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) y la Unión Argentina de Maestros y Profesores. A su vez, los docentes de Ademys hicieron un acto aparte. "Rechazamos que la evaluación sea externa a la institución escolar, que no se haga en contexto, que las pruebas que se realizan sean estandarizadas, idénticas para todos los estudiantes de la ciudad. Esto genera un problema en cuanto a cómo se realiza esa evaluación, porque lo que se ha generado en los países que se aplicó es un empobrecimiento de los contenidos que se enseñan", sostuvo la secretaria de prensa, María Isabel Grau.

En la mano, los docentes levantaron carteles que apuntaban a los legisladores. Decían: "Hay que evaluarlos a ustedes".