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Los abogados, notarios y consultores jurídicos en Cuba estarán obligados a reportar a las autoridades las "operaciones sospechosas" que descubran durante el ejercicio de su trabajo, como lavado de activos o blanqueo de capitales, según una nueva resolución del Ministerio de Justicia divulgada hoy.
La medida, publicada en la Gaceta Oficial de la isla, dispone la "obligación" de esos profesionales de informar sobre ese tipo de maniobras a la Dirección General de Investigación de Operaciones Financieras del Banco Central de Cuba.
La resolución argumenta que esos trabajadores del sector jurídico "pueden conocer de posibles operaciones sospechosas relacionadas con la introducción en el mercado cubano de activos ilícitos, con el fin de ser utilizados en actividades terroristas o de blanquear capitales".
En ese sentido, el Ministerio de Justicia especifica la necesidad de reportar acciones que puedan "presumirse de lavado de activos, financiamiento al terrorismo, proliferación de armas y otras relacionadas de similar gravedad".
En enero pasado, el Gobierno cubano emitió un decreto ley firmado por el presidente, Raúl Castro, para precisamente actualizar y fijar sus normas para la lucha contra el lavado de dinero, la financiación del terrorismo, la proliferación de armas y el movimiento de capitales ilícitos.
Cuba refirió entonces la necesidad de esa nueva ley para establecer estructuras y bases legales que controlen, investiguen, prevengan y detecten operaciones similares, ante la "creciente internacionalización de las relaciones económicas" y el uso de nuevas tecnologías para las transacciones financieras.
La normativa rige sobre instituciones financieras, oficinas de representación, incluidas las extranjeras, y otras personas jurídicas y naturales del sector estatal y privado del país.
Cuba emite estas medidas en un escenario de lucha contra la corrupción, convertido en una de las banderas del Gobierno de Castro, que en particular ha emprendido acciones contra los delitos en empresas estatales y mixtas (con participación extranjera).
En los últimos años los tribunales del país han procesado a varios funcionarios cubanos y extranjeros por diversos delitos económicos.
Todo esto se da en el contexto de la apertura económica en la isla, cuyas medidas fundamentales fueron tomadas por Raúl, cuando su hermano Fidel abandonó el poder.