Argentina podría caer nuevamente en default

El gobierno argentino se muestra renuente a cumplir con el fallo de la Justicia de los EEUU que lo obliga a pagar a tenedores de bonos. La agencia Bloomberg advierte sobre la delicada situación económica

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Contrarreloj, el gobierno de Cristina Kirchner intenta evitar lo que sería el segundo default en poco más de 12 años. Es que pese a haber afrontado una gigantesca negociación de deuda, la administración kirchnerista quedó a un paso de una nueva cesación de pagos, tras negarse a negociar con los holdouts, los tenedores de bonos que quedaron fuera de una oferta hecha hace ya varios años.


Hoy es el último día que tiene Cristina Kirchner antes de que se venza el plazo que establece la caída en default ante los acreedores internacionales, lo que alejaría aún más al país -gobernado desde hace 12 años por la misma bandera política- de los mercados globales y de financiación externa.


Mientras la presidente y su ministro de Economía Axel Kicillof se encuentran en Caracas junto con el jefe del régimen venezolano Nicolás Maduro por la Cumbre del Mercosur, un equipo técnico fue a Nueva York, donde deberían acercar una propuesta a los acreedores como para aceptar la oferta y evitar la caída del sistema financiero argentino.


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El gobierno argentino insiste en que el fallo que dictó el juez neoyorquino Thomas Griesa no se ajusta al derecho y fue escrito a la medida de las pretensiones de los "fondos buitre", como llaman los kirchneristas a los holdouts, tratando de hacer una causa nacional de la disputa económica.


El Tribunal Federal de Nueva York que dictó sentencia había sido propuesto por el propio gobierno argentino cuando fijó las condiciones del canje al que adhirió la mayoría de los acreedores, a quienes ahora no pueden pagar porque existe un posible embargo sobre ese potencial depósito de dinero.


Según analistas locales e internacionales, el discurso del gobierno de Cristina Kirchner respecto de este litigio apunta a victimizar la posición argentina frente al fallo del magistrado Griesa. El gobierno argentino argumenta que quiere pagar a los bonistas que entraron en el canje de deuda, pero que la sentencia firmada por el juez no lo permite, so pena de ser embargada para pagar a los otros acreedores: "los buitres", como lo llaman en Buenos Aires.


La situación es grave, y una nueva caída en default en tan poco tiempo podría alejar todavía más a la Argentina del financiamiento internacional. La prensa económica mundial lo advierte. La agencia de noticias Bloomberg -que siguió de cerca las dramáticas negociaciones y participó de las audiencias- señaló que uno de los posibles escenarios es que los bonistas que aceptaron la reestructuración de la deuda en el pasado "generen demandas por 29 mil millones de dólares", vaciando las arcas del Banco Central de la República Argentina, ya dañadas por la fuga de capitales de los últimos tres años.


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"Si no se pagan los intereses atrasados sobre los títulos en dólares con vencimiento en 2033 antes del 30 de julio, las provisiones en los contratos de emisión de bonos -conocidas como clausulas en caso de default- le permitirían a los otros tenedores de deuda del país pedir que se les devuelva el dinero inmediatamente", advierte Bloomberg.


Ayer, The Wall Street Journal también le dedicó un duro editorial al gobierno argentino. "Argentina baila con el default", tituló el tradicional diario norteamericano, quizás el mejor informado sobre las finanzas mundiales. En una parte del artículo, el periódico manifestó: "La Argentina perdería la oportunidad de aprovechar los acuerdos alcanzados con Repsol y el Club de París y lograr dejar atrás todas las disputas que tiene con sus deudores".


WSJ también indica que el país "quedaría excluido de los mercados internacionales y afectaría los créditos a las empresas" y que además podría "complicar la transición del gobierno tras las elecciones presidenciales" de 2015.


De hecho, la transición ya está complicada por múltiples casos de corrupción que salpican al gobierno y al entorno de Cristina Kirchner. Su vicepresidente, Amado Boudou, fue procesado por pretender quedarse, junto con una banda de amigos, con una empresa destinada a la impresión de billetes. La orden presidencial para tapar el escándalo fue expropiar la compañía y declararla estatal.


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Sin embargo, ni así se pudo despegar al hombre de confianza de la presidente. La Justicia Federal argentina lo procesó, y hoy, por el viaje a Venezuela de la titular del Poder Ejecutivo, quedó a cargo de la primera magistratura nacional, pese al repudio de la sociedad y gran parte de la clase política.


Los escándalos de corrupción salpicaron incluso a la familia presidencial cuando se descubrió la historia detrás de empresarios que fueron beneficiados con favores gubernamentales desde los tiempos en que el ex presidente Néstor Kirchner era gobernador de una de las provincias más ricas de la Argentina, Santa Cruz.


Desde la oposición crece la iniciativa para la creación de un tribunal nacional para juzgar los casos de corrupción durante la extensa década kirchnerista. La propuesta es seguida por un amplio arco de la política nacional y tiene gran consenso entre la población. Esta corte podría desvelar todos los negociados realizados durante los últimos 12 años de gobierno, para muchos, el "más corrupto de la historia" de la Argentina.