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El juez Siro Darlan concedió un hábeas corpus a los 23 reos y ordenó que se ponga en libertad a cinco de ellos, que están bajo arresto desde el pasado día 12, según informó la corte. Los activistas son acusados de asociación ilícita y de la cometer crímenes contra la paz pública, por su supuesta participación en actos violentos durante protestas en los últimos meses.
Un juez ordenó el arresto de los 23 en la víspera de la final del Mundial de Fútbol, que tuvo lugar el pasado 13 de julio, porque la Policía tenía indicios de que el grupo preparaba protestas violentas.
Tres de los activistas solicitaron asilo político a Uruguay alegando sufrir "persecución política" y se refugiaron el pasado lunes en el consulado en Río de Janeiro para evitar ser arrestados, pero ese país negó la petición al entender que en Brasil rige un Estado de derecho.
El arresto de los activistas fue duramente criticado por organizaciones de derechos humanos y por el Colegio de Abogados de Río de Janeiro, que consideraron que fueron "intimidatorias" y "arbitrarias".
El 13 de julio, minutos antes de la final de la Copa del Mundo, la policía dispersó con gases lacrimógenos y bombas de estruendo a unos 300 manifestantes que querían acercarse al estadio Maracaná. Muchos manifestantes corrieron para escapar de los proyectiles y unos 100 permanecieron batiendo palmas y entonando canciones contra los uniformados.
Los movilizados llevaban pancartas que decían "Liberen a los presos" y "Protesta no es crimen", en referencia a los 23 activistas arrestados y acusados de vandalismo en otras protestas en Rio de Janeiro. Las manifestaciones eran convocadas para exigir más inversiones en salud, educación y transporte, en vez de en estadios.