Durante poco más de dos horas Camila estuvo en el despacho de la fiscal Graciela Gils Carbó declarando acerca de los hechos de violación ocurridos en el boliche "Le Click" y que tomaron público conocimiento el lunes.
Su abogado, Andrés Bonicalzi, explicó que la joven solo recuerda a uno de sus cuatro atacantes, el que inició el abuso: "Vino a hacer una ampliación de su relato ya que los datos de la comisaría no decían nada respecto a lo que ella podía recordar después de la intervención de los psicólogos y reconstrucción de todo lo que vivió. Realizó un dictado de rostro para la confección de un identikit para ir identificando a la única persona que Camila puede reconocer".
El letrado informó que también, cuando Camila lo disponga, se le mostrarán los videos de ingreso y egreso del boliche que "serán fundamentales a partir de la descripción que Camila realiza del rostro, contextura y vestimenta de su atacante".
Un dato importante es que, a partir de la denuncia de Camila, cerca de 10 jóvenes se comunicaron con la fundación AVIVI para sacar a la luz casos similares, entre ellos uno muy parecido: "El modus operandi es muy similar. La agarraron del brazo, la tiraron contra el pecho fuertemente y se le acercaron 3 o 4 personas que eran amigos del primer atacante. Ella logró liberarse pegando patadas y metiéndose entre el resto de las personas", contó Bonicalzi. Sumado a esto, las características físicas "coinciden con la descripción de Camila".
El dueño del boliche indicó que aportará la nómina de empleados y de la seguridad del local, mientras que el explotador de estas fiestas alternativas "no se puso en contacto con la fiscalía ni con AVIVI", detalló el abogado.
Acerca de las leyes que regulan estos locales, el abogado fue contundente: "Hay un vacío legal muy grande a partir del cual entendemos que los organismos públicos que correspondan deben ponerse a trabajar a los efectos de establecer una reglamentación más específica".
"Acá hay dos responsables: del lado penal, los autores materiales del hecho. Del lado civil, según la nueva ley de defensa al consumidor, el empresario tiene el deber de brindar la seguridad a las personas que entren al establecimiento. Son solidariamente responsables el dueño del local y quienes explotaban estas fiestas alternativas", manifestó Bonicalzi.
Sobre el futuro del boliche, el abogado explicó: "Hoy la Defensoría del Pueblo solicitó la clausura del local, el cual había sido inspeccionado, pero se limitaron a cuestiones más formales como la existencia de matafuegos".