La defensa de Ciccone volvió a cargar contra el juez Lijo

El abogado de Nicolás Ciccone, Maximiliano Rusconi, insistió ayer con que el juez federal Ariel Lijo actuó "desde el punto de vista procesal, de modo fraudulento" en la causa Ciccone y denunció que "cuando no se trabaja adecuadamente en las primeras etapas de los casos de corrupción de funcionarios públicos", después "la Justicia tiene que realizar atajos constitucionales".

El letrado del ex dueño de Ciccone Calcográfica también sostuvo que Lijo "sigue sin poder explicar qué ventaja sacó" su defendido al entregar el 70 por ciento de las acciones de la empresa y aseguró que la deuda que tenía la imprenta "nunca podía representar" ese porcentaje.

"Si uno se pregunta a cambio de qué entregó ese porcentaje, es a cambio de nada. Es difícil identificar cuál es el accionar que se le atribuye a Nicolás Ciccone. Es un conjunto de relatos, comportamientos y acciones de un grupo de personas que no son Nicolás Ciccone", enfatizó el jurista.

Luego de apelar el procesamiento de su cliente, Rusconi dijo que imputarle a Ciccone "que él ha realizado un cohecho al transferir el 70 por ciento de las acciones de la empresa, transforma el hecho en el caso del cohecho más caro de la historia".

Además, el abogado consideró que "es insostenible e increíble" que Ciccone haya entregado la empresa porque estaba quebrada" ya que "la deuda que tenía nunca podía representar ese 70 por ciento".

Y, en declaraciones radiales, cuestionó la carátula del procesamiento de su defendido, al expresar que "sería la primera vez que un cohecho se manifiesta en un contrato de acciones con intervención de abogados, notarios, escribanos" y remató: "Es una estipulación bastante fantasiosa".

En tanto, indicó que la resolución a través de la cual el magistrado fundó el procesamiento de su defendido y del vicepresidente Amado Boudou, entre otros involucrados, "es una enorme recopilación de información colocada de un modo que da una apariencia de ser una resolución de envergadura, larga".

El letrado afirmó que "está claro que, en primer lugar, el juez cometió un conjunto descomunal de errores en el tratamiento de cierto ingreso de información que no ha respetado un conjunto de garantías constitucionales".

Sin embargo, sostuvo que "lo más grave de este caso es que el juez actuó, desde el punto de vista procesal, de modo fraudulento" y argumentó que "Nicolás Ciccone fue obligado a declarar en contra de si mismo, con la gravedad adicional de que también fueron obligados a declarar en contra de Nicolás Ciccone los familiares directos".

"Cuando no se trabaja adecuadamente en las primeras etapas de los casos de corrupción de funcionarios públicos, después la Justicia, para ser eficaz, tiene que realizar atajos constitucionales. Violar garantías porque es el modo de intentar reparar la inercia del Estado en las primeras etapas", se quejó.

El abogado insistió en que "es improcedente" que Lijo haya obligado a Ciccone "a declarar contra sí mismo e invitarlo a que confíe el hecho diciéndole que está bajo juramento", y luego usar esa información para procesarlo".

"Además, el juez nos admite el rol de querellante. Sí había tranquilidad de que Nicolás Ciccone era testigo, con esta segunda de decisión la tranquilidad era total", sentenció.

Rusconi manifestó que ya tiene "planteadas seis nulidades" y que no plantea "más porque ya me parece demasiado", pero remarcó que "de cada cinco fojas" del acta de resolución del procesamiento "hay una nulidad".

Según la resolución del juzgado federal 4 en la que se fundan los procesamientos en torno a la causa Ciccone, "Boudou, aprovechando su condición de funcionario público, y Nuñez Carmona, habrían acordado con Nicolás y Héctor Ciccone, y Guillermo Reinwick la cesión del 70 por ciento de la empresa "Ciccone Calcográfica" a cambio de la realización de los actos necesarios para que la firma pudiera volver a operar y contratar con la Administración Pública".