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El papa Francisco nombró arzobispo de Rosario a monseñor Eduardo Eliseo Martín, quien sucederá en el cargo a monseñor José Luis Mollaghan.
El prelado, de 61 años, era desde 2006 obispo de Río Cuarto, en la provincia de Córdoba, y actualmente es miembro de la Comisión Episcopal de Pastoral Social.
La información de la promoción de monseñor Martín se dio a conocer simultáneamente en Roma y Buenos Aires: aquí lo hizo el nuncio apostólico, monseñor Emil Paul Tscherrig, a través de la Agencia Informativa Católica Argentina (AICA).
La sede arzobispal de Rosario quedó vacante el 19 de mayo cuando el Papa designó a monseñor Mollaghan, en una comisión vaticana en fase de creación para el examen de las apelaciones de clérigos acusados o condenados por "delicta graviora", es decir delitos graves contra los sacramentos y la moral, entre ellos los abusos sexuales.
Aquella movida del pontífice argentino se leyó como una salida "no traumática" para Mollaghan o "promoveatur ut amoveatur", a raíz de las conclusiones de la auditoria que la Santa Sede encargó a monseñor José María Arancibia, arzobispo emérito de Mendoza.
El nuncio también confirmó hoy que Mollaghan no cumplirá sus funciones en el Vaticano, como se estimó, sino que se mudará a Buenos Aires para facilitar su futura colaboración con la Congregación para la Doctrina de la Fe.
Martín será el quinto arzobispo de Rosario, detrás de Antonio Caggiano (1934-1959), Silvino Martínez (1959-1961), Guillermo Bolatti (1961-1982), Jorge Manuel López (1983-1993), Eduardo Vicente Mirás (1993-2005) y Mollaghan (2005-2014).
En diciembre la nunciatura apostólica ratificó que la arquidiócesis de Rosario estaba siendo auditada por la Santa Sede, después de se revelara que monseñor Arancibia estaba investigando irregularidades en el manejo de los fondos, supuestos padecimientos psiquiátricos de Mollaghan y denuncias de maltrato tanto de laicos como de sacerdotes.
Mollaghan negó en un primer momento la información y calificó de "calumniosas" las acusaciones en su contra, pero después debió reconocer que Arancibia, en calidad de auditor designado por el Vaticano, estuvo en la arquidiócesis e investigó las denuncias.