Conflicto por Botnia: los asambleístas vuelven a marchar hacia el puente internacional

Esta tarde realizarán una caravana para protestar por la autorización en Uruguay para aumentar la producción de la pastera UPM. Criticaron al Gobierno por las "respuestas espasmódicas" a sus reclamos

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 Télam 162
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La convocatoria de la Asamblea Ciudadana Ambiental es para este domingo a las 14 horas en el paraje Arroyo Verde, en el kilómetro 28 de la ruta internacional 136. Desde allí partirá una caravana hacia el puente internacional General San Martín, donde una hora más tarde habrá un acto.

"Botnia-UPM debe ser desmantelada o relocalizada ya", advirtieron los asambleístas en un comunicado. "Esperamos y exigimos que nuestro Gobierno honre su palabra, a la sociedad civil de esta región, y pague esta deuda ambiental que, a diferencia de otras, es legítima", manifestaron, en una irónica alusión a la deuda con los holdouts que está en el centro de la agenda política.

La Asamblea consideró un "atropello a pactos entre pueblos hermanos" a la decisión del Gobierno uruguayo de autorizar un aumento del 8% en su producción anual. El año pasado había recibido un permiso similar, por lo que la empresa finlandesa pasará a una generación inicial de 1 tonelada de pasta de celulosa, a 1,3 toneladas.

 DyN 162
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La Cancillería argentina reaccionó con una dura carta en la que anunció que llevará nuevamente el caso al Tribunal de La Haya y que el gobierno "reevalúa" la relación bilateral.

Sin embargo, no fue suficiente para los asambleístas. "Vemos con gran preocupación las respuestas espasmódicas que ensayan nuestros representantes, manifestándose puntualmente cuando el Uruguay avanza ilegalmente en este conflicto y quedando después todo en el olvido", analizaron.

Sucede que el año pasado el gobierno argentino también había amenazado por volver a la Corte Internacional de Justicia, pero el Ejecutivo argentino finalmente no dio ese paso. "¿Pasará lo mismo que con las promesas anteriores?", se preguntaron los asambleístas.

También cuestionaron al gobierno de Entre Ríos, Sergio Urribarri, quien "a contramano del canciller (Héctor Timerman) opinó que esta situación no debía alterar las relaciones comerciales con el Uruguay".

Y llamaron a "no seguir postergando resoluciones de fondo y permitiendo que esta empresa siga contaminando, con la complicidad del Gobierno uruguayo y el zigzagueo del argentino".