Polémica en Panamá por un insólito beneficio a la Primera Dama

La esposa del presidente saliente, Ricardo Martinelli, gozará por 10 años de un privilegio extra. También los hijos del mandatario lo percibirán. De qué se trata y quién asumirá el costo

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EFE
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 AP 163
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Un nuevo y polémico debate se da por estos días por Panamá. Es que la familia presidencial ya no gozará de alguno de los tantos beneficios que estuvo recibiendo durante los años de bonanza del Poder. Y el debate se libra en todos los aspectos de la vida social panameña: ¿hasta cuándo debe una ex Primera Dama gozar de los servicios gubernamentales? O, más directo: ¿debe una ex Primera Dama gozar de alguno de los privilegios aunque su marido ya no forme parte del Gobierno?


Ahora, argumentando razones de "seguridad personal", Marta Linares de Martinelli gozará de una extensión de 10 años en su custodia personal, algo inédito en la historia de Panamá. La reforma de la ley fue propuesta por el propio Presidente -quien mantiene una gira por Europa e Israel, como despedida de su mandato-, quien además extendió el mismo beneficio para sus hijos por 5 años, sin importar si cuentan con mayoría de edad.


La modificación fue autorizada por Ricardo Martinelli durante una reunión de Gabinete el pasado 20 de mayo. Algunos de los presentes se sorprendieron por el repentino interés presidencial. Los fondos para solventar estos gastos extra saldrán de las arcas gubernamentales.


El Ministerio de Presidencia pretende cambiar la norma (Ley 55/1996) para incluir -desde ahora- una extensión en la escolta de la familia de los jefes de Estado. El proyecto ingresó a la Asamblea y será tratado en sesiones extraordinarias, tal la premura del gobierno. La fecha límite para ser tratada es el 30 de junio.


El beneficio incluiría además a la ex Primera Dama Vivian de Torrijos, esposa de Martín Torrijos, presidente durante el periodo 2004-2009. Sus hijos no serían incluidos en el beneficio, ya que hace más de cinco años que su padre terminó su mandato.


En diferentes ámbitos -tanto políticos como de la sociedad civil- se esperanzan con la posibilidad de que Juan Carlos Varela, presidente electo, podría derogar esta ley y reducirla a su mínima expresión.