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"Imagínense que les digan que para protestar cuando no hay luz, deben de pedir permisos. Yo creo que esa sentencia busca dos cosas: uno, buscarle una justificación a la situación que se ha presentado en el municipio Libertador, y dos, limitar la protesta", aseguró Henrique Capriles..
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia venezolano (TSJ) emitió una interpretación sobre el ejercicio del derecho a la manifestación pública en la que señaló que se requiere una autorización administrativa para hacerlo y que, en caso contrario, podrá ser dispersada por la policía.
El TSJ informó, en un comunicado, que la Sala Constitucional interpretó el artículo 68 de la Constitución, que "dispone en su primera parte que los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley".
Para el antichavista, se trata de una conducta de "extrema derecha": "El año pasado hubo 5000 protestas. (...) Cuando uno ve las acciones del Gobierno y su conducta, es de extrema derecha. Nuestro pueblo que siga adelante exigiendo una mejor calidad de vida y progreso. Al Gobierno le corresponde dar soluciones a los problemas del país".
En Venezuela, el chavismo ha perseguido, reprimido y detenido a los manifestantes que han reclamado con movilizaciones contra el Gobierno. En plena crisis social y política, las fuerzas de seguridad fueron denunciadas por violar los derechos humanos. Este año, el despliegue policial dejó como resultado decenas de muertos y centenares de heridos.
La sentencia del TSJ se suma a las medidas adoptadas en 2005, cuando el Parlamento venezolano elevó las penas hasta ocho años de cárcel para quienes obstaculicen la vía pública durante la reforma del Código Penal.
Además, el difunto presidente Hugo Chávez reformó en 2002 la Ley Orgánica de Seguridad, en la que decretó "zonas de seguridad" en las áreas cercanas a sedes gubernamentales, instalaciones militares o petroleras. Ello significó la prohibición de hacer movilizaciones y protestas en esas zonas, que según la ONG Control Ciudadano, abarca el 30% del territorio.